Ushuaia 22 de febrero 2026.- En buena parte de la política argentina, la acción de decir que no a una demanda suele vivirse como un peligro extremo, un gesto que puede desgastar rápidamente la imagen del dirigente y restarle simpatía ante una opinión pública siempre atenta y volátil. Sin embargo, pocas cosas son más necesarias para la salud de un sistema político que la capacidad de sus líderes de decirlo con claridad, argumentos y responsabilidad cuando amerita hacerlo.

En democracias atravesadas por demandas múltiples, fragmentadas y permanentes —económicas, sectoriales, identitarias, territoriales— la pulsión de la dirigencia a responder siempre que sí es verificable a diario. Descomprime, reduce el costo en el corto plazo, evita el conflicto inmediato.

En el plano local, el problema se vuelve más visible. Los municipios son el primer mostrador del Estado, y esa cercanía hace que cada demanda tenga cara, nombre y apellido. La tentación de complacer a todos es grande y comprensible. Pero las ciudades tienen límites: de presupuesto, de infraestructura, de capacidad ambiental, de planificación. Cuando se intenta complacer a todos sin una estrategia clara, el resultado es el desorden urbano.

Autorizar un desarrollo, ampliar la planta de personal, flexibilizar normas, puede aliviar tensiones en el corto plazo, pero compromete la sustentabilidad del territorio en el mediano y largo plazo. Los servicios colapsan, el gasto corriente desplaza la inversión, los planes urbanos pierden importancia frente a la suma de excepciones. La ciudad crece por impulsos y no por dirección, sin preservar un equilibrio que permita que el territorio sea disfrutables para todos y no solo para quienes reclaman parte de él (un ejemplo reconocible en muchas ciudades son las habilitaciones de espacios para venta ambulante). La gran mayoría de las ciudades argentinas son el reflejo de este patrón.

 

La inflación de expectativas

Cada demanda que recibe el Estado implica recursos, tiempo, capacidad técnica y, sobre todo, decisiones distributivas. No todo puede hacerse al mismo tiempo. No todo es compatible con todo. No todo es financiable. Y no siempre es fácil distinguir entre una demanda justa y una demanda viable. Muchas veces el límite no es evidente.

Pero cuando los dirigentes (ejecutivos y legislativos) evitan decir que no a toda costa, se produce lo que conocemos como “inflación de expectativas”. Y para peor, en ocasiones prometen soluciones simultáneas a problemas contradictorios: bajar impuestos y aumentar el gasto, ampliar derechos sin discutir financiamiento, sostener estructuras deficitarias e invertir en obras y servicios públicos. Sé que suena duro, pero estoy convencido de que la política que no administra límites termina administrando decepciones.

“Gobernar es priorizar”, suele decir, entre otros, el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus. Y priorizar supone dejar algo afuera. Si todo es urgente, nada lo es realmente. Si toda demanda es atendible ya, el criterio de decisión desaparece.

Ese vacío debilita la autoridad como capacidad de conducción. Los dirigentes (y muchos funcionarios de planta también) que no pueden decir “no” terminan moviéndose al ritmo de la presión más intensa del momento. La agenda estratégica se vuelve episódica. Las políticas cambian según el grupo que presiona y/o grita más fuerte. El sistema pierde orden y previsibilidad.

Hay, además, un efecto cultural. Cuando el sistema político transmite que solo responde a quien insiste, corta calles, escracha o eleva el volumen del reclamo, se genera un incentivo perverso: la radicalización como método de interlocución.

Si a esto la política no le responde de manera clara y fundamentada, el mensaje implícito es que el que grita más fuerte obtiene el resultado que busca. Así, el sistema se vuelve rehén de la presión organizada y deja de lado la necesaria deliberación racional; lejos de ordenar el conflicto, pasa a amplificarlo.

 

La responsabilidad democrática

Negar una demanda no significa deslegitimarla. Significa explicar por qué no puede ser atendida en ese momento o en esos términos. “Gobernar es explicar” solía decir Fernando Henrique Cardoso. Requiere transparencia sobre los recursos disponibles, sobre las restricciones fiscales, sobre las consecuencias intertemporales de cada decisión.

En sistemas políticos maduros, el “no” forma parte de la pedagogía pública. Se enseña que el Estado no es un ente ilimitado. Que cada decisión tiene un costo. Que elegir una opción supone resignar otra, aunque suene duro. Cuando los dirigentes rehúyen esa pedagogía por miedo al costo electoral, trasladan el problema hacia adelante. Y lo agrandan.

El mayor daño es simbólico. Si la política promete más de lo que puede cumplir, se deteriora la confianza. Y cuando la confianza cae, el sistema se vuelve más frágil ante discursos que ofrecen soluciones simples, rupturistas o antipolíticas.

El “no” es una forma de cuidado del sistema, si está sostenido por información y no por arbitrariedad. No es negar derechos; es reconocer límites. Sin desentenderse de las demandas sociales, pero ordenándolas en un marco de prioridades coherente y sostenible. En última instancia, hay que asumir que gobernar no es satisfacer deseos ilimitados, sino administrar recursos escasos.