Ushuaia 22 de diciembre 2025.- La Legislatura provincial tratará este lunes la cesión de áreas hidrocarburíferas a la empresa estatal Terra Ignis sin contar aún con el informe de auditoría técnica y económica integral final. La decisión se apoya en una presentación oficial cargada de proyecciones optimistas y expectativas de desarrollo, pero con escaso nivel de precisión frente a los riesgos fiscales, productivos y ambientales que el acuerdo podría implicar para la Provincia.

La documentación elevada parte de un diagnóstico que, en términos generales, resulta atendible: el retiro de la operadora actual obliga al Estado fueguino a intervenir para evitar una parálisis productiva con impacto directo en el empleo, la recaudación y el abastecimiento energético. En ese escenario, Terra Ignis es presentada como la herramienta capaz de convertir una situación compleja en una oportunidad estratégica para fortalecer la presencia provincial en el sector.

Sin embargo, el núcleo de las objeciones no se centra en el diagnóstico, sino en la fragilidad del esquema propuesto. El acuerdo descansa sobre una acumulación de supuestos que dejan un margen mínimo para el error. Las propias filminas oficiales reconocen que varias de las áreas solo resultarían económicamente viables bajo condiciones exigentes: reducciones significativas de costos operativos, mejoras sustanciales de productividad y escenarios de precios favorables. En algunos casos, incluso se admite que, si esas variables no se alinean, el valor económico de los activos podría volverse negativo.

Lo que no aparece desarrollado con la misma claridad es el costo de los desvíos. No se explicita qué ocurrirá si las inversiones se demoran o no se concretan, si los costos no descienden como se proyecta o si los niveles de rentabilidad esperados no se alcanzan. En un contexto fiscal delicado, esos desajustes no son menores: representan riesgos concretos que podrían terminar siendo absorbidos por el Estado provincial.

Una situación similar se observa en torno a la planta San Sebastián, presentada como el activo más sólido del paquete. El informe describe oportunidades de mejora y ampliación de capacidad, pero condicionadas a inversiones relevantes y a futuros acuerdos comerciales con grandes operadoras privadas. No se detallan plazos, fuentes de financiamiento ni escenarios alternativos en caso de que esas negociaciones no prosperen. El potencial está enunciado; la viabilidad real, no.

En materia ambiental, el propio material reconoce que el relevamiento inicial de pasivos era incompleto y debió ser reconstruido mediante imágenes satelitales y trabajos de campo. Aun así, los costos de remediación aparecen incorporados como “parte de la negociación”, sin precisar con claridad qué responsabilidades quedan plenamente cubiertas por la empresa cedente y cuáles podrían recaer, directa o indirectamente, sobre la Provincia en el futuro.

El punto más sensible, sin embargo, es institucional. Terra Ignis es una empresa creada en 2022, con inicio operativo reciente y sin un historial probado en la gestión de activos hidrocarburíferos maduros de esta complejidad. Pese a ello, se le asigna la responsabilidad de reducir costos de manera drástica, sostener inversiones significativas, negociar con grandes actores del sector y garantizar soberanía energética. La distancia entre la magnitud de la tarea asumida y la capacidad demostrada hasta ahora no es un detalle menor: constituye el núcleo del riesgo político y económico del acuerdo.A este escenario se suma un dato clave: la auditoría técnica y económica integral final aún no fue presentada. La Legislatura es convocada a decidir sobre la base de evaluaciones preliminares, sin contar con el documento que permitiría dimensionar con precisión activos, pasivos, contingencias y riesgos de largo plazo.

Así, el debate de hoy excede largamente una cesión administrativa. Lo que está en discusión es si el Parlamento está dispuesto a convalidar un esquema sustentado en expectativas elevadas y margen de error mínimo, o si ejercerá plenamente su rol de control exigiendo información completa y garantías concretas antes de avanzar.

Antes de votar, tres preguntas sobrevuelan el recinto: por qué se decide sin el informe final de auditoría; quién asumirá los costos si las proyecciones no se cumplen; y qué capacidad real tiene hoy Terra Ignis para asumir esta responsabilidad sin que los eventuales errores terminen siendo pagados por la Provincia.