Ushuaia 30 de enero 2026.- En contacto con Radio Provincia, el abogado Raúl Aciar cuestionó duramente la decisión del Gobierno provincial de contratar un estudio jurídico privado, lo que habría implicado un desembolso cercano a los 60 mil dólares (unos 90 millones de pesos), pese a que —según señaló— la representación legal del Estado corresponde por ley al Fiscal de Estado.
“El Gobierno debería explicar por qué se utilizaron fondos públicos para contratar abogados externos cuando esta demanda debía ser impulsada por el Fiscal de Estado”, afirmó el letrado, al tiempo que sostuvo que la contratación no estaría justificada ni habilitada por la normativa vigente.
Aciar recordó que la Ley Provincial 1015 de Contrataciones prohíbe la contratación de abogados externos cuando el Estado cuenta con profesionales capacitados dentro de su propia estructura, salvo en casos excepcionales de alta especialización. “Estamos ante una cuestión netamente de derecho administrativo, un área en la que los abogados del Estado están plenamente preparados”, explicó.
Además, criticó el resultado de la presentación judicial, que calificó como “totalmente deficitario”, en referencia a la resolución del Juzgado Federal de Ushuaia, que observó múltiples falencias formales en la demanda presentada por la Provincia.
Entre los errores señalados, mencionó la falta de acreditación de la competencia del fuero federal, la ausencia de intervención del Fiscal de Estado y el hecho de que el abogado patrocinante no contara con matrícula federal habilitante, requisito indispensable para litigar en ese ámbito.
“Se gastó una suma millonaria en una presentación que no cumplió con requisitos elementales. Esto es poco serio y lastimoso desde el punto de vista institucional”, sostuvo Aciar.
Finalmente, el letrado advirtió que la contratación podría derivar en responsabilidades legales para los funcionarios intervinientes, al mencionar posibles figuras como abuso de autoridad, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En ese marco, no descartó impulsar acciones judiciales para que se investigue el uso de los fondos.
