Ushuaia 28-06-16.- Se profundiza la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad de la provincia y el avance en la vulneración de derechos que deja en claro que no existe voluntad política de revertir el escenario. Por el contrario, siguen tomándose medidas que van en detrimento del colectivo. La secretaría de coordinación de políticas para las PCD parece un órgano de control destinado a reducir el presupuesto.
Nos encontramos en el mes de julio y aún no se han otorgado pensiones nuevas. Denunciamos públicamente que hay alrededor de 35 pensiones otorgadas en el mes de octubre del año pasado y que aún no se pagan y dejan en situación de desprotección a las personas que aguardan la efectivización de ese beneficio.
Pero el ataque del ejecutivo contra este colectivo no se detiene. Cabe destacar que Tierra del Fuego es la única provincia en la que la temática de discapacidad y sus políticas dependen directamente de Jefatura de Gabinete y no del Ministerio de Desarrollo Social o de Salud; quien dicta resoluciones contrarias al marco normativo vigente hasta ahora.
La nueva avanzada en este caso consiste en dictar una resolución que modifica sustancialmente la constitución y la función de la Comisión Interministerial de discapacidad creada por la ley N°48 de discapacidad y reglamentada por decreto 2537/93.
Esta Resolución, firmada por el lic. Gorbacz quien se autonombra presidente honorario y designa al Dr. Cabrera como secretario ejecutivo, restringe la cantidad de ministerios participantes, deja afuera a los municipios, escuelas especiales y exige a los representantes de las personas con discapacidad formar parte de una organización inscripta en la IGJ para poder participar de la comisión.
Esto se suma a que a partir de la nueva resolución, los representantes de los ministerios de educación, salud y trabajo no podrán tener rango inferior a subsecretario, lo que excluye a los trabajadores de planta permanente que eran los que hasta ahora debían formar parte de la comisión para asegurar cierta continuidad e imparcialidad.
De esta manera cambian desde el nombre de la comisión, ahora Comisión provincial coordinadora para la discapacidad, hasta su constitución convirtiéndola en un grupo de adeptos.
Tampoco se cumple con la ley que establece el cupo del 4% para trabajadores con discapacidad en organismos gubernamentales, llegando al extremo de existir trabajadores precarizados como PEL que no logran ingresar a planta permanente (algunos de ellos están en esta situación hace más de 10 años y con el expediente abierto y con la discapacidad acreditada como corresponde)
No podemos dejar de hablar de la nefasta ley N°1072 de RUPE que lacera a los pensionados principalmente en relación a la obra social. A partir del 7 de julio, de no mediar una prórroga, muchos pensionados quedarán sin IPAUSS con los consiguientes perjuicios que esto provocaría. Su reglamentación también pone nuevas trabas a este colectivo, exigiéndoles realizar un certificado de supervivencia mensual y requerir autorización para ausentarse de la isla.
Todas estas medidas representan no solo desidia e inoperancia, sino un claro ataque hacia las personas con discapacidad y sus familias, tendientes como dijimos, a reducir el número de pensionados, abaratar los “costos de la obra social” desde una clara perspectiva economicista y deshumanizada.
Solicitamos públicamente esta vez, ya que lo hemos pedido formalmente en tres oportunidades por nota, una reunión con el secretario Cabrera y con el ministro Gorbacz para discutir esta problemática y encontrar vías de solución a los padecimientos que la situación les impone a las PCD y sus familias.
En el mismo sentido, solicitamos una entrevista con la Gobernadora Bertone para exponer, directamente de parte de los damnificados, los perjuicios que estas medidas provocan en la calidad de vida de las familias que tienen en su seno a PCD.
Sra. Gobernadora, sr. Ministro, sr. Secretario de Discapacidad: el diálogo no se pregona, se ejerce.
Secretaria de Discapacidad CTA – Autónoma
