Ushuaia 22 de diciembre 2025.- Durante la reunión de comisión de la Legislatura fueguina, la investigadora del CONICET y arquitecta Lucía Fank expuso una postura crítica frente al proyecto de ampliación del ejido urbano de Ushuaia, al considerar que se trata de una decisión de gran magnitud que no puede abordarse de manera aislada ni apresurada, sino en el marco de un debate integral sobre el modelo de desarrollo territorial de la provincia.
En representación del Colegio de Arquitectos, Fank advirtió que la iniciativa propone multiplicar casi por diez la superficie actual de la ciudad, pasando de 10.803 a unas 115.000 hectáreas, sin contar —según señaló— con estudios integrales, información precisa ni consensos sólidos que justifiquen una expansión de esa escala. En ese sentido, cuestionó que los fundamentos del proyecto no logren articular de manera coherente problemáticas como el crecimiento demográfico, el déficit habitacional o el desarrollo económico.
La especialista remarcó la ausencia de una definición previa de la capacidad de carga del territorio y de información geográfica básica que permita identificar áreas aptas, restricciones y zonas ambientalmente sensibles. También sostuvo que el déficit habitacional no se resuelve con más suelo urbano, sino mediante mejores herramientas de gestión, como la densificación, la recuperación de plusvalías, el uso de vacíos urbanos y la provisión de servicios en barrios existentes.
Asimismo, alertó que la expansión planteada implicaría una dispersión urbana extrema, con una ciudad de hasta 40 kilómetros de extensión, lo que derivaría en mayores costos de infraestructura, transporte, consumo de recursos e impacto ambiental. Desde el punto de vista ambiental, cuestionó la falta de estudios específicos sobre bosques, turberas, cuencas hídricas y zonas costeras, y advirtió que la delimitación del ejido mediante líneas geométricas no respeta las características reales del territorio.
Antes de finalizar, Fank sostuvo que el debate no debe centrarse únicamente en si ampliar o no el ejido, sino en cómo hacerlo, y reclamó un proceso serio, participativo y con sustento técnico, acorde a las implicancias de definir el desarrollo urbano de los próximos 50 años. En ese marco, propuso impulsar desde la Legislatura una Ley de Ordenamiento Territorial Provincial que permita establecer criterios ambientales, sociales y económicos a largo plazo.
