Ushuaia 23 de octubre 2019.- La Justicia penal de Ushuaia remitió al área de mediación la causa donde se investiga por presunto abuso de firma de pagarés en blanco y usura a la financiera Credisur, vinculada en 2016 a los ex abogados del gremio docente (Sutef) Juan y Néstor Sánchez Otharán.
Fuentes judiciales señalaron que la instancia fue abierta con el consentimiento de las defensas de los siete imputados, los querellantes y la fiscalía, como una forma de intentar llegar a un acuerdo económico que conforme a las 560 personas que, según determinó la justicia, habrían sido víctimas del accionar abusivo de la compañía.
El caso comenzó a investigarse en 2016 a partir de las denuncias presentadas por dos mujeres que plantearon situaciones similares. Una gestionó un crédito de $15 mil y la otra uno de $20 mil. En ambos casos firmaron un pagaré en blanco que después la empresa llenó por $78 mil en un caso, y por $74 mil en el otro. Tras la difusión pública de la causa, aparecieron más denuncias.
Casi todos declararon que pidieron préstamos por un valor, firmaron pagarés en blanco y se los ejecutaron por sumas hasta cinco veces superiores a las adeudadas, además de que en la devolución de los créditos les impusieron intereses anuales de entre el 95 y el 1400%, según el criterio adoptado para calcularlos.
La Justicia allanó las oficinas de la financiera, relevó los expedientes civiles de ejecución de pagarés (en Ushuaia y Río Grande) y convocó a los posibles damnificados a sede policial. Así se conformó el grupo de casi 600 personas alcanzadas por la supuesta estafa.
De todas formas, solo 33 del total de víctimas se presentó como querellante en el expediente. El desafío de la mediación es llegar a algún tipo de acuerdo con cada uno de esos damnificados, y luego proponer un resarcimiento general para el resto que sea aceptado por la fiscalía, explicó EDFM el abogado Jorge Pintos, representante legal de las querellas.
Los puntos para un posible acuerdo aún no se conocen oficialmente (de hecho todavía no hubo ningún encuentro para mediar) aunque fuentes allegadas al caso ya especulan con algunas variantes. Una de las posibilidades es que la financiera desista de los juicios ejecutivos por los pagarés. Otra opción es que acepte el pago de las deudas pero sin el cálculo de intereses.
El problema principal es que dentro del universo de casos existen situaciones muy disímiles. Hay personas que tomaron un crédito y pagaron una o pocas cuotas, y otras que tenían cancelado un porcentaje mayor de los préstamos. Todo eso hace que la resolución de la causa sea compleja, y que haya que esperar el resultado de pericias ordenadas por el juzgado de instrucción a cargo del juez Javier De Gamas Soler.
Lo cierto es que mientras el expediente permanezca en mediación, sigue paralizadas las indagatorias a los responsables de la sociedad Lian Group SRL, bajo la que funcionaba Credisur.
Si la instancia prospera y se llega a un acuerdo, los acusados podrían resultar sobreseídos a cambio de cumplir con los términos de la negociación. De lo contrario, las actuaciones regresarían a la instrucción para que la causa continúe su curso normal. La posible prescripción de los delitos (por el tiempo que demore mediar) no resulta esperable porque el llamado a indagatoria (ya realizado) suspende los plazos de la prescripción, explicaron las fuentes consultadas.

Una multa millonaria

El año pasado, la Justicia Civil de Ushuaia rechazó planteos de la financiera y confirmó una multa de más de $7 millones ($5.124.000 más $2.049.600 de intereses) que le aplicó la Secretaría de Comercio de la provincia en agosto de 2016, por violaciones a la ley de defensa del consumidor.

Comercio intervino de oficio cuando se hicieron públicos los casos de presuntos fraudes y usura denunciados por decenas de clientes.
El área gubernamental dispuso la sanción tras llevar adelante un proceso administrativo, que incluyó el secuestro de legajos, contratos y acuerdos de préstamos entre Credisur y los clientes, en su mayoría empleados estatales.
La resolución firmada por el ex secretario Javier Calisaya, dictaminó que la financiera “infringió los artículos 4, 8 bis, 10, 36 y 37 de la Ley nacional 24.240, esto es, no suministró al consumidor de forma cierta, clara y detallada de sus servicios comerciales, los costos financieros y las tasas de interés; incurrió en prácticas abusivas y cometió irregularidades en la conformación de los documentos de compromiso de pago que firmaban los tomadores de créditos”.
También argumentó que “no se entregaron a los consumidores las respectivas copias de todos los formularios y contratos firmados, y que en muchos casos, los mismos estaban en poder de la empresa”, y que incluso “se obligaba por contrato a los trabajadores estatales que tomaban créditos, a renunciar a derechos como el de la inembargabilidad de sus haberes”.
Fuente: DFDM