Ushuaia 24 de diciembre 2025.- En Argentina solemos hablar de “captura corporativa del Estado” imaginando a un empresario con un cargo dentro del gobierno o a funcionarios que responden de manera directa a intereses privados bien identificables. Esa imagen existe y explica una parte del problema. Pero no lo explica todo. Hay otra forma de captura, menos visible y más sofisticada, que aparece cuando el Estado se organiza como una mesa estable de actores “representativos” y esa mesa, lejos de ampliar la deliberación democrática, termina decidiendo quién discute, qué se discute y qué queda directamente fuera de la discusión.

En “Presidentes vs. corporaciones”, Hernán Iglesias Illa vuelve sobre un diagnóstico que Raúl Alfonsín formuló en su histórico discurso de Parque Norte: el del Estado corporativo. Un Estado sobrecargado por presiones particularistas, empujado a conceder regímenes de privilegio a los grupos más insistentes. No se trataba de una denuncia moral ni de una teoría conspirativa, sino de una descripción política sobria: cuando cada sector defiende lo suyo con intensidad y capacidad de presión, el Estado termina funcionando como una instancia de reparto defensivo.

Ese diagnóstico sigue explicando buena parte de los bloqueos de la política argentina. Pero, al mismo tiempo, abre una pregunta complementaria que suele quedar fuera de escena: ¿qué ocurre cuando, además de estar presionado desde afuera por corporaciones y sectores organizados, el Estado empieza a deliberar principalmente consigo mismo? No ya la captura por demandas externas, sino una forma más silenciosa y persistente de captura: la captura interna, burocrática, endogámica.

Dicho así, puede sonar exagerado. Pero alcanza con observar el funcionamiento cotidiano de muchos espacios institucionales para advertir la dinámica.

Esta forma de captura no reemplaza el diagnóstico del Estado corporativo; lo complementa. En muchos casos, incluso, lo refuerza. Un Estado saturado por presiones particularistas tiende a refugiarse en procedimientos, reglas y circuitos cerrados para defenderse. Y un Estado que se refugia en sus propios mecanismos internos suele volverse más impermeable al conflicto social real.

La teoría clásica del Estado ya había advertido esta tensión. Max Weber describía a la burocracia moderna como una máquina de racionalidad, previsibilidad y eficacia, pero también como una organización con fuerte tendencia a la autopreservación. La regla, el expediente y el procedimiento no solo ordenan la acción estatal: también la estabilizan, la protegen y, llegado el caso, la vuelven autorreferencial.

Michel Crozier profundizó esta mirada al mostrar que el poder en las organizaciones burocráticas rara vez se ejerce únicamente desde la jerarquía formal. Muchas veces aparece en las llamadas zonas de incertidumbre: el control de la información, de los tiempos, de los circuitos. Saber cómo se hace algo, cuánto tarda, qué instancia puede frenar o destrabar un proceso, es una forma de poder que no figura en ningún organigrama, pero que orienta decisiones de manera concreta.

James Q. Wilson agregó otra clave fundamental: las agencias estatales no son simples ejecutoras de decisiones políticas tomadas en otro lado. Son organizaciones con culturas propias, con hábitos, rutinas y valores que terminan moldeando la política pública en la práctica cotidiana. La política, vista así, no se decide solo en discursos o leyes, sino en la vida diaria del Estado.

En la Argentina, esta perspectiva fue trabajada con claridad por Oscar Oszlak, quien insistió durante décadas en pensar al Estado como un entramado concreto de agencias, capacidades y rutinas, antes que como una abstracción homogénea. El Estado no actúa como un bloque uniforme: se regula a sí mismo, produce inercias y establece límites internos que condicionan la implementación de las políticas públicas.

Guillermo O’Donnell, desde otro registro, advirtió que la democracia no se agota en las reglas formales. Allí donde el Estado se vuelve omnipresente en lo normativo pero distante en lo social, emerge una ciudadanía de baja intensidad y una brecha persistente entre derechos proclamados y derechos efectivos. Esa distancia se amplía cuando las decisiones relevantes se toman en circuitos que no dialogan con la experiencia cotidiana de los ciudadanos.

Más recientemente, distintos estudios sobre el Estado argentino contemporáneo mostraron cómo el discurso de la participación y la articulación convive con prácticas altamente burocratizadas y, en muchos casos, endogámicas. Consejos, mesas y ámbitos consultivos proliferan, pero no siempre amplían la deliberación real. Con frecuencia reproducen universos de actores, lenguajes y supuestos ya conocidos.

Cualquiera que haya participado alguna vez de un consejo, una mesa o una comisión reconoce la escena. Siempre hablan los mismos. Siempre vuelven los mismos argumentos. Y, con frecuencia, se decide lo que ya estaba decidido, aunque se haya “escuchado” a todos.

En muchos de estos espacios, la cerrazón no se produce por exclusión explícita, sino por criterios de pertenencia aparentemente neutros. Se convoca a quienes tienen “vocación”, “expertise” o “compromiso” con determinada temática, lo que en la práctica suele traducirse en una homogeneidad ideológica previa. No se delibera entre enfoques distintos sobre un mismo problema, sino entre matices dentro de un consenso ya establecido. La pluralidad queda formalmente garantizada, pero se reduce de manera sustantiva.

En ese contexto, la representación institucional tiende a recaer en los actores más “metidos” en el tema, los más convencidos, los más persistentes. A veces porque son quienes realmente quieren estar; otras, porque las propias organizaciones los envían allí para canalizar tensiones internas. El resultado es un circuito donde la intensidad sustituye a la representación y donde la insistencia termina funcionando como un criterio informal de autoridad.

El efecto colateral es bastante previsible. Muchos actores externos —productivos, sociales, territoriales— se retiran de los ámbitos de discusión pública. No porque no les importe lo público, sino porque perciben que el margen de incidencia real es bajo. Cuando participar equivale a convalidar decisiones ya tomadas, la crítica se repliega. La ausencia de ciertas voces no es entonces la causa del problema, sino su consecuencia.

 

Desde la teoría democrática, el riesgo es evidente. Robert Dahl insistía en que la democracia requiere pluralismo real, competencia de intereses y conflicto. No como anomalías, sino como condiciones de funcionamiento. Cuando el Estado se escucha demasiado a sí mismo, ese conflicto desaparece y es reemplazado por una homogeneidad tranquila, pero empobrecedora.

El problema no es solo normativo. También es funcional. Douglass North mostró cómo las instituciones tienden a reproducirse incluso cuando producen resultados subóptimos, porque quienes viven dentro de ellas tienen incentivos para sostenerlas. Un Estado endogámico no solo es menos representativo; suele ser menos eficaz, menos innovador y más lento para corregir errores.

El desafío, entonces, no es solo político, sino institucional. Abrir el Estado implica más que convocar al diálogo: implica aceptar fricciones, revisar criterios de integración, promover rotación real y asumir que la disidencia no es un problema sino un insumo.

 

Referencias
Alfonsín, Raúl. Discurso en Parque Norte. 1985.

Crozier, Michel. El fenómeno burocrático. 1969.

Dahl, Robert A. La poliarquía: participación y oposición. 1989.

Iglesias Illa, Hernán. “Presidentes vs. corporaciones”. 2025.

Lindblom, Charles E. “The Science of ‘Muddling Through’”. 1959.

North, Douglass C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. 1990.

O’Donnell, Guillermo. Contrapuntos. 1997.

Oszlak, Oscar. La formación del Estado argentino. 1982.

Wilson, James Q. Bureaucracy. 1989.