
Según la tesis del Ministerio Público, las dos compañías formaban parte de un club de una veintena de constructoras que conseguían licitaciones de Petrobras de manera fraudulenta. La policía calcula el supuesto soborno pagado por Odebrecht y Andrade Gutierrez en 720 millones de reales (unos 230 millones de dólares) en un sistema corrupto en el que las empresas pagaban un 3% de cada contrato con la estatal.
La supuesta red operó desde 2002 y abarcó el mandato de Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), el de Luiz Inácio Lula da Silva y el de Dilma Rousseff, ambos del Partido de los Trabajadores (PT). Al menos tres personas implicadas en el escándalo han confirmado los pagos y han presentado documentos como prueba, según fuentes de la investigación.
«Los presidentes tenían conocimiento de todo lo que ocurría en las empresas, y la corrupción parece extendida en todas ellas», ha comentado el investigador de la Policía Federal Igor Romário de Paula. La constructora Andrade Gutierrez ha negado cualquier vínculo con el escándalo de corrupción y ha expresado apoyo a sus ejecutivos. Odebrecht, por su parte, ha criticado la «innecesaria» prisión preventiva de sus directivos.
Petrobras reconoce desvíos de 6.000 millones de reales (casi 2.000 millones de dólares) durante la última década en un gigantesco esquema de corrupción que implica a empresarios y políticos. Medio centenar de cargos están siendo investigados en el marco de la operación Lava Jato, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, y el del Senado, Renan Calheiros. El extesorero del PT Jõao Vaccari, un aliado leal del partido en el Gobierno, está en prisión desde abril acusado de ser una de las piezas claves en el escándalo.
Fuente El País