Ushuaia 11 de febrero 2026.- El juez federal Federico Calvete se declaró incompetente para intervenir en la demanda presentada por la Provincia de Tierra del Fuego contra la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), que dispuso la intervención del puerto de Ushuaia, y determinó que el planteo deberá ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La acción judicial persigue la declaración de inconstitucionalidad de la resolución dictada el pasado 20 de enero, al considerar que la medida nacional vulnera el régimen federal y la autonomía provincial.
En su fallo, Calvete también se abstuvo de expedirse sobre la medida cautelar solicitada por la Provincia, que buscaba suspender de manera inmediata los efectos de la intervención. El magistrado explicó que, al declararse incompetente, la Ley 26.854 le impide dictar cautelares contra el Estado Nacional, salvo en casos vinculados a derechos de sectores vulnerables o a la vida digna, excepciones que —según sostuvo— no se configuran en este conflicto de carácter administrativo.
En los fundamentos, el juez remarcó que lo que se encuentra en discusión es “la validez constitucional de un acto administrativo dictado por un ente descentralizado del Estado Nacional”, presuntamente violatorio de distintos artículos y principios de la Constitución Nacional. Por ese motivo, sostuvo que, por la naturaleza del caso, su relevancia institucional y el encuadre constitucional, corresponde que el máximo tribunal del país sea quien entienda y decida sobre la cuestión.
Asimismo, Calvete señaló que, al tratarse de una acción iniciada por la Provincia de Tierra del Fuego contra un organismo nacional, se configura la competencia originaria de la Corte Suprema, al estar involucrada una provincia en una causa de manifiesto carácter federal.
Posición del Gobierno provincial
Tras conocerse la resolución judicial, el Gobierno de Tierra del Fuego emitió un comunicado en el que aclaró que el fallo no se pronuncia sobre el fondo del planteo de inconstitucionalidad ni sobre la procedencia de la medida cautelar.
Desde el Ejecutivo provincial advirtieron que el encuadre legal aplicado genera un efecto restrictivo sobre el acceso efectivo a la justicia, al diferir el tratamiento de una medida urgente destinada a evitar —según sostienen— una situación de gravedad institucional, económica y operativa en el puerto de Ushuaia.
Además, remarcaron que, desde la perspectiva de la Provincia, se encontraban acreditados los requisitos para el dictado de la cautelar, en función de la urgencia, el riesgo de daño irreparable y la afectación directa de competencias, recursos e infraestructuras estratégicas provinciales.
Finalmente, el Gobierno fueguino informó que se encuentra analizando los próximos pasos legales a seguir y reafirmó su compromiso con la defensa del federalismo, la autonomía provincial y el control de sus recursos estratégicos, anticipando que continuará utilizando todas las herramientas jurídicas disponibles para impedir lo que consideran un avance indebido del Estado Nacional sobre competencias no delegadas e infraestructuras provinciales.
