Ushuaia 07 de noviembre 2023.- El concejal, Javier Branca, del Partido de la Ciudad, denunció penalmente al intendente Walter Vuoto por afrontar con dinero de la Municipalidad de Ushuaia gastos y obligaciones laborales de Agrotécnica Fueguina. La maniobra que se concretó a mediados de este año involucró el pago de $987 millones de fondos públicos a la concesionaria municipal.
En la operación denunciada se encuentran involucrados, el ex jefe de Gabinete Omar Becerra, el ex secretario de Ambiente César Molina, la ex secretaria de Economía Luisina Giovanelli y el edil Juan Manuel Romano, en su carácter de vicepresidente primero del Concejo Deliberante, a cargo de la Intendencia Municipal.
El polémico acuerdo se rubricó tras concretarse la adjudicación del servicio de Gestión Integral de Residuos Urbanos a favor de Agrotécnica Fueguina. Eso implicó, la finalización del anterior contrato y la extinción de los contratos de trabajo. A partir de ahí surgió la obligación de la empresa de indemnizar a sus trabajadores por “extinción del vinculo laboral”.
Así fue que apelando a la “teoría de la imprevisión”, el Municipio de Ushuaia asumió la responsabilidad de afrontar con dinero público el pago de las indemnizaciones a los trabajadores de Agrotécnica.
El acta acuerdo fue elevada al Concejo mediante el formato de decreto, un instrumento que ante la ausencia en la ciudad del Intendente Vuoto, fue refrendado por el concejal Romano (a cargo de la Intendencia).
En Sesión Ordinaria, realizada en julio pasado, el Concejo ratificó el acuerdo en una votación dividida 3 a 3 que desempató el presidente del cuerpo Juan Carlos Pino (Frente de Todos).
Por la ratificación del acuerdo votaron los concejales: Pino, Gabriel De la Vega (FDT) y Laura Ávila (FDT). Por ese motivo, solicité que se evalúe sí el accionar de los ediles constituyó una acción delictiva. Eso a partir de tratarse de partidas de dinero a las que se les quitó su destino original, algo que requiere que se realice una modificación presupuestaria. La Carta Orgánica Municipal establece que esa autorización legislativa sólo se puede concretar con los votos de los 2/3 del cuerpo, es decir 5 de los 7 concejales.
