Blanco solicita que se informe: ¿Cuáles son las capacidades actuales y potenciales de los dispositivos a instalar en relación con el seguimiento de satélites y objetos de órbita baja y misiles tácticos o balísticos intercontinentales?; ¿Cuáles son las capacidades de interceptación o interferencia de sistemas de Comando, Control, Comunicaciones, Inteligencia, Vigilancia e Informática?; ¿Cuál es la participación del Ministerio de Defensa en lo relativo a la determinación de escenarios potenciales de riesgo estratégico y riesgo estratégico militar? y ¿cuál es la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto en lo relativo a la articulación de la medida en relación con el conflicto Atlántico Sur, Malvinas y Antártida?.
“Su capacidad militar hace que las antenas, cuya instalación precaria ha autorizado la Subsecretaría de Comunicaciones y Conectividad, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se constituyan, indirectamente en un objetivo militar en caso de escalada alguno de los diversos conflictos que hoy constituyen el mapa de las relaciones entre los países hegemónicos.
“El consentimiento otorgado a la empresa Leolabs, de origen británico, constituye un acto que afecta potencialmente la vida de argentinos y la libertad de acción de la República Argentina para maniobrar en el mapa mundial de escenarios múltiplemente enlazados.
“La construcción implicaría una amenaza en general sobre la República Argentina y en particular sobre la zona donde se instalarían las antenas”, finalizó Blanco.