Ushuaia 30 de abril 2026.- En el marco del debate por la reforma de la Constitución en Tierra del Fuego, el dirigente y ex integrante de la Convención Constituyente, Gustavo Blanco, director de información parlamentaria durante la Convención Constituyente de 1991 y Secretario Legislativo Convencion Constituyente Ushuaia, expresó fuertes cuestionamientos al proceso en marcha y advirtió sobre la falta de diálogo político en un contexto social y económico complejo.

En contacto con el Cronista Urbano, Blanco sostuvo que la situación actual genera desconcierto en la ciudadanía. “Si te ponés en el lugar del vecino común, decís: algo está pasando, están jugando o hay algo que no cierra”, señaló, en referencia a la sucesión de decisiones políticas y judiciales que derivaron en la convocatoria a elecciones para convencionales constituyentes.

El referente remarcó que, más allá de que el proceso ya fue formalmente iniciado por el decreto del Ejecutivo, la Legislatura mantiene facultades para intervenir. “Así como dicta leyes, también puede derogarlas. Hoy va a ser un día importante para ver qué hace el Poder Legislativo”, afirmó, al tiempo que puso el foco en la necesidad de alcanzar mayorías especiales para frenar o modificar el rumbo.

Blanco consideró que, a 36 años de la provincialización, el debate debería tener otro nivel. “Tendríamos que estar discutiendo en otro plano, con la realidad económica y social que vivimos. Hay problemas urgentes que no pueden quedar relegados”, advirtió.

En ese sentido, insistió en la falta de consensos políticos como uno de los principales déficits del proceso. “Hace más de un año que lo vengo diciendo: falta diálogo. El gobernador y los legisladores tendrían que sentarse y definir qué hacer: si se suspende, se deroga o se continúa. Hoy la biblioteca está dividida y la gente queda en el medio”, planteó.

Asimismo, señaló inconsistencias en la Ley 1529, que declaró la necesidad de la reforma, al mencionar contradicciones con la Constitución vigente. “Por ejemplo, la Constitución establece que la convención se rige por su propio reglamento o el anterior, pero la ley le impone el reglamento de la Legislatura. Son detalles que muestran falta de profundidad en el tratamiento”, explicó.

Otro de los puntos que generó críticas fue el costo económico del proceso. Blanco puso en duda la idea de que la Convención Constituyente funcione “ad honorem” y advirtió que inevitablemente implicará gastos significativos. “Ya hay un decreto que autoriza partidas presupuestarias. El proceso electoral, la campaña, la estructura… todo eso cuesta plata. No tengo el número exacto, pero va a ser mucho”, indicó.

En esa línea, cuestionó el sentido de avanzar con una elección que podría no derivar en cambios concretos. “Puede pasar que se elijan convencionales, juren y decidan no modificar nada. Es legal, pero no sería serio políticamente. Se gastaría dinero público para terminar en cero”, afirmó.Blanco también hizo referencia al rechazo social que reflejan distintas encuestas. “Si la mayoría está en contra, ¿por qué no se juntan y deciden postergar o suspender esto? No se puede tener a la población pendiente de esta discusión cuando hay problemas mucho más urgentes”, sostuvo.

Además, remarcó que el proceso podría haberse encarado de otra manera, con mayor precisión sobre los cambios propuestos. “No es lo mismo decir que se van a modificar 70 artículos que explicar concretamente qué se quiere cambiar en cada uno. Eso hubiera dado más claridad y transparencia”, opinó.

Finalmente, el dirigente cuestionó la falta de participación de actores clave en el debate. “No se convocó a los convencionales constituyentes de 1991, que tienen experiencia y conocimiento. Hubiera sido importante escucharlos”, señaló.

En ese marco, concluyó que el escenario actual está atravesado por la incertidumbre y la falta de conducción política. “Hoy todo es muy particular. Hay que esperar qué decide la Legislatura, pero está claro que sin diálogo y sin consenso, este proceso va a seguir generando dudas y tensión en la sociedad”, cerró.