Ushuaia 27 de enero 2026.- El Gobierno nacional volverá a impulsar en el Congreso el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. La iniciativa será incluida en el temario de las sesiones extraordinarias previstas para febrero y reabre una discusión sensible que cruza seguridad, derechos de la infancia y el rol del Estado frente al delito juvenil.
Desde el Ejecutivo confirmaron que buscarán consensos en la Cámara de Diputados para avanzar con la reforma. En ese marco, no se descarta una alternativa intermedia que fije la edad en 14 años, en caso de no reunir el apoyo necesario para el límite más bajo.
El proyecto ya había sido debatido durante 2025, pero no logró los respaldos suficientes. Su regreso a la agenda legislativa se produce luego de una serie de hechos de violencia protagonizados por menores, que reinstalaron el tema en la discusión pública y reforzaron los reclamos de sectores que consideran insuficiente el régimen vigente.
Actualmente, la legislación argentina establece la imputabilidad penal a partir de los 16 años. El oficialismo sostiene que el esquema actual no responde a las nuevas dinámicas del delito y, en algunos casos, facilita la utilización de adolescentes por parte de organizaciones criminales. Aclaran, sin embargo, que el nuevo régimen no implicaría la equiparación con adultos ni el alojamiento en cárceles comunes, sino un sistema específico con sanciones diferenciadas y medidas socioeducativas.
Desde el Gobierno remarcan que el eje del debate no es solo la edad, sino la necesidad de contar con herramientas de intervención temprana, acompañadas por políticas de contención, educación y reinserción social.
En contrapartida, organismos de derechos humanos, especialistas en niñez y sectores de la oposición cuestionan la propuesta y advierten que no existe evidencia concluyente de que bajar la edad de imputabilidad reduzca el delito juvenil. También alertan sobre el riesgo de profundizar la estigmatización de adolescentes en contextos de vulnerabilidad.
Aun así, hay un punto de coincidencia transversal: el régimen penal juvenil necesita una actualización. Diseñado hace décadas, el sistema muestra limitaciones para abordar problemáticas complejas vinculadas a violencia, exclusión social y conflictividad juvenil.
El regreso del proyecto al Congreso abre así un debate de fondo sobre qué tipo de respuestas debe construir el Estado frente a los adolescentes en conflicto con la ley, y cómo equilibrar las demandas de seguridad con la protección de derechos, en una discusión que promete ser una de las más sensibles del próximo período legislativo.
