Ushuaia 13 de mayo 2025.- El anuncio del Gobierno nacional sobre la eliminación gradual de los aranceles para la importación de teléfonos celulares generó un fuerte rechazo en Tierra del Fuego, donde empresarios y dirigentes advierten sobre un posible golpe al régimen de promoción industrial vigente desde hace más de 50 años.

Aunque aún no se oficializó por decreto, la medida contempla una reducción del 16% en dos etapas. Desde el Gobierno fueguino, el gobernador Gustavo Melella expresó su “profunda preocupación”, calificando la decisión como “un golpe muy duro” que responde a exigencias del FMI. Aseguró que la industria fueguina representa empleo, soberanía y desarrollo tecnológico único en el país, y prometió redoblar esfuerzos para defender el régimen.

El vocero presidencial Manuel Adorni respondió por redes sociales, minimizando las críticas y señalando que “se le terminan los privilegios al kirchnerismo”. Desde distintos sectores políticos, también cuestionaron la medida por su posible impacto en el empleo, la producción nacional y la economía provincial.

A nivel empresarial, las reacciones fueron cautelosas. Las principales marcas aseguraron estar analizando el impacto, aunque admitieron que la baja arancelaria pone en riesgo la competitividad de las fábricas locales. La Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) celebró la reducción de impuestos internos, pero advirtió que la baja de aranceles representa una amenaza para la actividad.

En paralelo, referentes del sector importador celebraron la decisión por considerar que beneficiará al consumidor, con precios más competitivos y alineados al mercado internacional.

En 2024, la producción de celulares en Tierra del Fuego cayó respecto al año anterior, con poco más de 5,5 millones de unidades fabricadas. Además, la industria enfrenta el desafío del contrabando, que representa un tercio de las ventas en el país.

Un informe de la Fundación Fundar estimó que el régimen fueguino tiene un costo fiscal anual superior a los USD 1.000 millones. Sin embargo, el economista Juan Carlos Hallak relativizó los efectos de la medida: afirmó que no se destruirá el régimen ni se generará una crisis de empleo, aunque sí podría bajar la producción y los precios. Las empresas del sector, por ahora, siguen “haciendo cuentas” mientras analizan si continuarán produciendo en la isla o cambiarán su estrategia comercial.