Ushuaia 28 de mayo 2025.- La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) junto a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) presentaron ante la Legislatura de Tierra del Fuego un proyecto de ley que propone la creación de un Impuesto Extraordinario a la Actividad de la Industria Portuaria y una Tasa Portuaria Especial, con destino exclusivo al financiamiento de mejoras salariales para los empleados públicos incluidos en los escalafones seco y húmedo.
La propuesta, que ya fue ingresada formalmente a la Cámara Legislativa, establece la creación de instrumentos fiscales extraordinarios para gravar a las grandes empresas portuarias y logísticas que operan en la provincia, especialmente aquellas que gozan de beneficios impositivos bajo el régimen de la Ley Nacional N° 19.640.
Detalles del proyecto
El articulado de la iniciativa define los siguientes ejes:
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Impuesto Extraordinario del 2% sobre la facturación anual para empresas con ingresos brutos superiores a los $2.000 millones, y del 3% para aquellas cuya rentabilidad neta supere el 20% del total facturado.
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Tasa Portuaria Especial del 0,5% sobre el valor FOB de mercaderías exportadas o importadas, para empresas o grupos económicos que superen las 1.000 toneladas anuales de carga.
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Exención total para PyMEs con menos de 50 trabajadores registrados.
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Creación de un Fondo Salarial de Equiparación, que será administrado por una comisión mixta integrada por representantes del Ejecutivo, el Legislativo, los gremios estatales y un veedor del Tribunal de Cuentas.
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Destino exclusivo del Fondo: aumentos, bonificaciones y recomposición salarial para los empleados públicos comprendidos en los escalafones seco y húmedo.
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Obligación de transparencia: el Poder Ejecutivo deberá publicar trimestralmente el monto recaudado, su aplicación y el detalle de las mejoras salariales otorgadas.
Fundamentos del proyecto
Desde ATE y CTA explicaron que esta herramienta fiscal busca “dar respuesta a una demanda histórica y legítima de los trabajadores más postergados del empleo público fueguino”, quienes, aseguran, “vienen perdiendo poder adquisitivo de forma sistemática en los últimos años”.
Además, sostienen que “la paritaria, sin un respaldo presupuestario genuino, se vuelve una instancia limitada que no garantiza una retribución justa”, y que el objetivo del proyecto es precisamente “crear condiciones materiales reales que permitan dotar de fuerza efectiva a la negociación colectiva”.
Las organizaciones gremiales también remarcaron la “asimetría estructural” que presenta la economía provincial, donde “grandes grupos económicos se benefician de regímenes promocionales y de infraestructura pública sin realizar un aporte proporcional al sostenimiento del Estado ni de sus trabajadores”.
“Este proyecto es progresivo, justo, viable y absolutamente necesario”, afirmaron desde los gremios, y aseguraron que “la exención para las pequeñas y medianas empresas garantiza que no se afecte el desarrollo productivo local ni el empleo, mientras que los grandes operadores económicos deben asumir su parte en la sostenibilidad del Estado”.
ATE y CTA adelantaron que solicitarán reuniones con los distintos bloques legislativos para explicar los alcances del proyecto y promover su tratamiento. Además, anticiparon que convocarán a asambleas abiertas y actividades de difusión para que los trabajadores y la comunidad en general conozcan y acompañen la iniciativa.
“El salario de los trabajadores públicos no puede seguir esperando. Esta es una herramienta concreta para mejorar sus condiciones de vida sin comprometer el funcionamiento del Estado, sino, por el contrario, fortaleciendo su base de financiamiento”, concluyeron.