Ushuaia 16 de diciembre 2021.- El proyecto de ley que sigue esperando una reacción por parte de los legisladores fueguinos incluye 200.000 hectáreas de mar dentro de su área de protección, complementando de manera provincial al Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas y garantizando un corredor biológico para la protección de cientos de especies migratorias.
Este 17 de diciembre se cumplen 3 años de la promulgación de la ley 27.490 que incorpora nuevas Áreas Marítimas Protegidas y modifica el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas. La norma sancionada por el Congreso incorporó las áreas “Namuncurá – Banco Burdwood II” y “Yaganes” aumentando del 2,3 a 10 % las áreas marinas y costeras protegidas.
Además de la incorporación de las áreas marinas mencionadas, la Ley 27.490 modifica el régimen creado por la ley 27.037, sancionada en noviembre de 2014 durante el segundo mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Entre ellas se destaca la ampliación y especificación de las atribuciones y deberes conferidos a la autoridad de aplicación, la determinación de las funciones del comité de asesoramiento permanente y la creación de un Registro de Organizaciones No Gubernamentales para aquellas ONGs que requieran participar en el comité de asesoramiento. Además de habilitar la posibilidad de que la autoridad de aplicación tenga competencia para aplicar sanciones administrativas en caso de incumplimientos al régimen legal.
El Mar Argentino es uno de los más ricos y abundantes del planeta, no obstante también se encuentra amenazado. Las áreas marinas protegidas, en este caso Yaganes y Banco Burdwood II y II responden a la necesidad de salvaguardar zonas específicas para la reproducción, migración y alimento de las especies que habitan en él, zonificándose para representar cada particularidad de nuestra plataforma continental y sus ecosistemas marinos.
El 36 % de nuestro territorio es mar y, sin embargo, hasta antes de la sanción de esta ley solamente el 2,3 % estaba protegido. La creación del Sistema Nacional se hizo con el objetivo de fortalecer la conservación, el desarrollo de la ciencia, la investigación y el ejercicio de la soberanía pacífica en nuestras aguas.
En Tierra del Fuego, el área que comprende Península Mitre es clave también para la protección de los océanos. El proyecto de ley actual que espera ser tratado incluye 200.000 hectáreas de mar (PM e Isla de los Estados) de un enorme valor ecosistémico, ya que cuenta con el 50% de los bosques de macroalgas de Argentina. Es además el hábitat del huillín, una especie endémica en peligro de crítico de extinción y la ruta migratoria de mamíferos y aves marinas.
Junto con Isla de los Estados, Península Mitre reúnen aproximadamente 76 % del área total de bosques de macroalgas presentes en la provincia de Tierra del Fuego. Hoy estos bosques, de los mejores conservados del mundo, tienen una especial relevancia por su capacidad de absorber y fijar carbono en las profundidades del mar, mejor conocido como “carbono azul”.
Los bosques de macroalgas componen los ecosistemas más productivos y biodiversos del planeta. Son potentes aspiradoras de carbono y fundamentales para la estabilidad del clima global gracias a su gran capacidad de generar oxígeno y almacenar dióxido de carbono.
A nivel global se estima que almacenan 173 millones de toneladas de carbono anualmente, el doble del almacenado en todo el Amazonas.
Protegen las costas de la erosión, las marejadas y el aumento del nivel del mar. Filtran el agua absorbiendo el exceso de nutrientes y proporciona ámbito necesario para miles de especies marinas. El impacto de su protección sería local, nacional, regional y global.
Por su proximidad con las AMPs, proteger Península Mitre es un efectivo complemento al Sistema de Áreas Marítimas Protegidas, ya que formaría un corredor biológico para proteger y contener a las especies que migran y a los ecosistemas que utilizan para alimentarse y reproducirse. No importa la jurisdicción de las áreas, los corredores son necesarios, por el hecho de que está comprobado a nivel global que la baja conectividad entre áreas impide preservar la biodiversidad de forma efectiva.
La República Argentina firmó el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), ratificado el 22 de noviembre de 1994 y aprobado mediante Ley N.º 24.375. En el año 2010, en la décima Conferencia de las Partes del CDB se adoptó el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011 – 2020 junto con las 20 Metas de Aichi sobre la biodiversidad.
Hasta este año el convenio afirmaba el compromiso de los Estados que lo integran a proteger al menos el 17 % de las zonas terrestres y de aguas continentales, y el 10 % de las zonas marinas y costeras para el 2022. Hoy, la comunidad internacional ha reconocido que estos esfuerzos no son suficientes. Este año se sentaron las bases para un nuevo Convenio sobre Biodiversidad, en el que se propone la protección del 30 % del planeta para el 2030 para asegurar la continuidad de los procesos biológicos terrestres y marinos.
A días del cierre legislativo y sin novedades de una nueva convocatoria para darle dictamen, Península Mitre cumple un nuevo año sin recibir la protección necesaria.
