Ushuaia 29 de junio 2025.- La causa judicial iniciada contra el exsenador nacional y exdirector de la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego, José Martínez, fue finalmente cerrada por caducidad, luego de más de dos décadas sin una sentencia definitiva. La decisión judicial pone fin a un proceso que se extendió por 24 años y que, según el abogado interviniente Manuel Raimbault, tuvo motivaciones más políticas que jurídicas.

La demanda se originó en 2001, cuando Martínez, en su rol dentro del Directorio de la Caja, avaló una resolución basada en el artículo 73 de la Constitución Provincial, que establece que nadie puede percibir un ingreso superior al del gobernador, incluyendo a los jubilados. “Era un reclamo histórico. José Martínez solo buscaba que se cumpliera la Constitución”, recordó Raimbault.

La medida fue aprobada casi por unanimidad, con la única oposición del entonces director Jorge Barral. Sin embargo, solo Martínez y Daniel Masnú fueron demandados, mientras que los representantes del Ejecutivo no fueron alcanzados por la acción judicial. “La selección de los demandados responde a las convicciones que ellos sostenían públicamente”, subrayó Raimbault.Pese al fallecimiento de Martínez en 2011, el proceso continuó en contra de su viuda y sus hijos. “No solo se persiguió a quienes pensaban distinto, sino también —si era necesario— a sus familias”, denunció el letrado.

El expediente permaneció durante 16 años en etapa de instrucción sin avances sustanciales, sin haber superado siquiera la etapa de prueba. Finalmente, tras más de seis meses sin movimientos por parte de la parte actora, se peticionó la caducidad del caso, tal como prevé el Código Procesal. “Cuando no hay impulso procesal, eso tiene consecuencias. La sanción es la caducidad”, explicó Raimbault.

Más allá de lo estrictamente jurídico, el abogado consideró que el proceso tuvo un efecto político: “El juicio no buscaba justicia, buscaba silencio. Estos temas no se debatieron más en la agenda pública”.

Para cerrar, Raimbault cuestionó la parálisis estructural del Poder Judicial fueguino. “Nadie puede entender que una persona sea enjuiciada de por vida, y menos aún que esa carga recaiga después sobre su familia”, concluyó.