Ushuaia 18 de diciembre 2024.- La Justicia del Distrito Judicial Norte ha citado a declaración indagatoria a siete personas imputadas en una causa que investiga una supuesta estafa inmobiliaria de más de 2 millones de dólares. El caso, que afecta a más de 60 damnificados, involucra la venta de terrenos del proyecto inmobiliario Altos de la Patagonia en Río Grande.
Entre los acusados se encuentran cinco policías retirados, quienes formaban parte de la ex cúpula de la Caja Previsional de la Policía provincial, y dos empresarios reconocidos. Según el abogado Paulino Rossi, representante de gran parte de los afectados, este caso constituye “una de las mayores estafas de la historia fueguina”.
El origen de la causa
El fideicomiso fue creado en 2016 por la Caja Previsional con el objetivo de administrar terrenos adquiridos con fondos aportados por policías en actividad. Los lotes se vendían en cuotas a familias, principalmente de agentes de la fuerza, con la promesa de ser entregados al finalizar los pagos. Sin embargo, al cumplirse las obligaciones, las oficinas del fideicomiso cerraron, dejando a los compradores sin los terrenos ni respuestas.
“El daño no solo afectó a las familias que adquirieron los terrenos, sino a toda la comunidad policial. Los fondos utilizados provenían de las reservas de la Caja Previsional, destinadas a garantizar las jubilaciones futuras”, destacó Rossi.
Entre los citados a declarar en marzo figuran los ex comisarios Pedro Díaz, Héctor Miranda, Dino Manetti, Miguel Picone y Dardo Estefó. También han sido llamados Walter Agra, empresario de Financar S.A., y Walter Prieto, administrador del fideicomiso. La causa principal es por “estafa”, pero el abogado Rossi ha solicitado que se investigue como “asociación ilícita”, argumentando que el esquema fraudulento fue sostenido mediante acciones reiteradas y organizadas.
Larga lucha por justicia
Rossi recordó las dificultades enfrentadas para mantener viva la causa. Inicialmente, las denuncias se presentaron ante Defensa del Consumidor de la provincia, sin avances significativos. Posteriormente, el caso fue trasladado al Distrito Judicial Sur en Ushuaia, donde estuvo a punto de archivarse. Tras varias apelaciones y pruebas contables, se logró el llamado a indagatoria.
“Para las familias damnificadas, esta citación marca un hito después de años de lucha. Ahora tenemos esperanzas de avanzar hacia una resolución justa”, señaló el abogado.
El fideicomiso involucraba terrenos ubicados en una de las zonas más exclusivas de Río Grande. Rossi enfatizó que los compradores confiaron en las garantías que ofrecían los involucrados, especialmente por tratarse de comisarios retirados y empresarios de renombre. “Este caso es un ejemplo de cómo la falta de escrúpulos puede generar un daño masivo en personas que actuaron de buena fe”, concluyó.
Las declaraciones están programadas entre el 17 y el 27 de marzo. El juez interviniente tendrá luego un plazo de diez días hábiles para decidir el futuro procesal de los acusados.
