Ushuaia 17 de julio 2025.- El Fiscal de Estado de la Provincia, Virgilio Martínez de Sucre, decidió excusarse formalmente de intervenir ante el Superior Tribunal de Justicia en la causa iniciada por la empresa Tierra del Fuego Energía y Química SA (TEQSA) contra el Estado provincial. La decisión está motivada por el reciente convenio firmado para la construcción y montaje de una central termoeléctrica en Río Grande, acuerdo que –según el fiscal– debió ser sometido a la ratificación legislativa, como ocurrió con el convenio original suscripto en 2010.

Mediante una nota fechada el 11 de julio (FE 158/25), Martínez de Sucre expresó su desacuerdo con la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar con el nuevo entendimiento sin el aval de la Legislatura provincial. En ese sentido, subrayó que la Fiscalía no puede intervenir judicialmente para solicitar el archivo de la causa, como dispone el decreto 1521/25, dado que ello implicaría convalidar un procedimiento que, a su juicio, es institucionalmente inconsistente.

“Hasta tanto y en la medida que no se proceda conforme lo he solicitado, me veo en la obligación de hacer saber al Gobernador la indeclinable excusación del suscripto y de los restantes agentes de la Fiscalía de Estado en las actuaciones judiciales”, afirma el fiscal en su escrito.

Martínez de Sucre sostiene que la aprobación legislativa es imprescindible por cuestiones de legalidad y coherencia institucional. “Si en 2010 el convenio fue remitido a la Legislatura y ratificado por Ley Provincial 828, resulta lógico que cualquier modificación sustancial de ese acuerdo deba seguir el mismo camino”, señaló.

El nuevo convenio con TEQSA difiere sustancialmente del acuerdo original. Mientras el instrumento de 2010 contemplaba el suministro de gas de regalías en especie, el nuevo acuerdo establece que la empresa deberá adquirir el gas en el mercado, ya que los recursos de regalías están comprometidos como garantía del bono TDF-TFU hasta enero de 2030. Para compensar ese costo, la Provincia aplicaría “deducciones y/o compensaciones fiscales e impositivas”, un esquema que –según el Fiscal– podría afectar gravemente la recaudación y las finanzas públicas.

 

Además, el nuevo pacto introduce una inversión de 100 millones de dólares para una planta termoeléctrica de 120 MW, un proyecto que no estaba contemplado en el acuerdo original y que amplía considerablemente su alcance y sus implicancias fiscales.

El Fiscal de Estado concluyó que, ante la falta de ratificación legislativa, la continuidad del trámite judicial deberá ser asumida por un abogado designado por el Ejecutivo que cumpla con los requisitos para ser Fiscal Titular, desligando así a su organismo de cualquier responsabilidad en un proceso que considera jurídicamente cuestionable.