Ushuaia 29 de julio 2025.- El abogado, Raúl Aciar, cuestionó con dureza el desempeño de ciertos integrantes del Poder Judicial fueguino, al recordar que en 2019 el Superior Tribunal de Justicia adhirió al Código Iberoamericano de Ética Judicial, un conjunto de 95 artículos y 13 principios básicos orientados a preservar la legitimidad y confianza pública en el sistema judicial. “No es agradable hablar de esto, pero la realidad lo impone: lo que se firmó en 2019 va en sentido contrario a lo que estamos viendo hoy”, sostuvo en declaraciones a El Cronista Urbano.
“El Código no es imperativo, pero establece pautas claras sobre cómo debe ser la conducta ética de un juez. Y lo que estamos viendo en algunos casos es un olvido total de esas obligaciones”, aseguró Aciar. “Esto no es una crítica ideologizada, sino una constatación objetiva: hay contradicciones profundas entre lo que se dice que se va a respetar y lo que efectivamente se hace”.
Al referirse a las recientes denuncias que involucran a magistrados de la provincia, el abogado hizo una clara diferenciación entre los casos. Sobre la jueza correccional Maiztegui Marco, reconoció que “en su desempeño previo no se puede objetar nada”, pero lamentó “la conducta pública posterior que va claramente a contramano de los principios de imparcialidad, responsabilidad institucional y secreto profesional”.
En cambio, fue más contundente al referirse al caso del juez Leonelli: “Ahí ya no estamos hablando solo de ética. Es más grave: hablamos de un juez que se aboca a una causa penal donde el imputado es su socio. Y encima desaparecen pruebas del expediente. Esto ya no es negligencia: hay una intencionalidad clara”.
Aciar también se mostró preocupado por el silencio institucional: “Hay una tendencia a minimizar o silenciar las críticas que no es sana para la justicia ni para la sociedad. No se puede pretender que quienes cuestionan lo hagan con intenciones políticas. Estamos hablando de hechos concretos que dañan la credibilidad del sistema”.
En ese sentido, remarcó que “no es normal que un juez imputado siga administrando justicia. Lo lógico sería que se aparte voluntariamente o se le otorgue una licencia mientras dure el proceso. Esto le haría bien al sistema y también a los propios involucrados, que podrían ejercer su defensa en un marco más saludable”.
Consultado sobre el rol del Superior Tribunal de Justicia y el avance de la reforma constitucional, Aciar fue cauto pero crítico: “No me gusta opinar sobre causas en trámite. Pero sí digo que es fundamental que se resuelvan. No se puede mantener esta indefinición permanente. El Poder Judicial tiene una función integral: no puede elegir qué temas atender y cuáles postergar según su conveniencia”.
Por último, insistió en que es momento de poner en conocimiento de la sociedad fueguina los principios del Código Iberoamericano de Ética Judicial: “Transparencia, diligencia, integridad, imparcialidad, cortesía, excelencia. No son palabras vacías. Son el corazón de una justicia que quiere ser respetada. Si no se cumplen, lo que se firma en los papeles pierde todo valor”.