Ushuaia 25 de octubre 2026.- La semana pasada se cumplió un año de la publicación en el Boletín Oficial de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, norma que establece la recomposición salarial, la actualización de becas y el financiamiento necesario para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas argentinas.

Sin embargo, a más de 365 días de su sanción, el sistema universitario nacional continúa exigiendo su plena y efectiva aplicación. La actualización salarial y presupuestaria resulta indispensable para sostener el funcionamiento de las universidades y defender el derecho a la educación pública.

La ley contempla disposiciones centrales para garantizar la educación superior, entre ellas la actualización del presupuesto de funcionamiento de las instituciones, la recomposición de los salarios docentes y no docentes junto con la convocatoria a paritarias, y la ampliación y actualización de becas estudiantiles, esenciales para asegurar el acceso y la permanencia. El cumplimiento de estas medidas es condición necesaria para que las universidades puedan enseñar, investigar y realizar actividades de extensión en sus territorios. Sin financiamiento adecuado, se ven comprometidas funciones esenciales como la formación de profesionales, la producción científica y tecnológica y la vinculación con las comunidades.

En este contexto, la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el pasado 15 de octubre, reunió a más de un millón de estudiantes, docentes, no docentes, trabajadores y ciudadanos en distintos puntos del país. En Capital Federal se registró una violenta represión policial en cercanías del Congreso, que arrojo como saldo un centenar de heridos.

La movilización volvió a poner en agenda la urgencia de aplicar la ley y demostró, una vez más, que el pueblo argentino defiende unido la universidad pública, la soberanía nacional y cada sector afectado por el ajuste del gobierno. Organizaciones gremiales como la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN) y la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN) remarcaron que la falta de presupuesto y el deterioro de salarios y becas ponen en riesgo la gratuidad, la calidad y la continuidad del sistema universitario.

En Tierra del Fuego, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF) ha señalado consecuencias concretas: pérdida de poder adquisitivo de los salarios, un alto porcentaje de renuncias de docentes y dificultades para sostener proyectos de investigación y extensión. Estas situaciones reflejan cómo la falta de aplicación de la ley impacta directamente en la vida académica y en la comunidad fueguina.