Ushuaia 27 de septiembre 2026.- Hace más de treinta años, la Argentina declaró provincia a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sin embargo, los fueguinos debemos preguntarnos si esa declaración se refleja en las decisiones que afectan a nuestro territorio. Cuando se habla de Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur o la Antártida, ¿cuánto se informa y escucha a nuestra provincia?

La historia austral nos enseña el valor de la presencia sostenida. Chile estableció Fuerte Bulnes en 1843 y trasladó la colonia a Punta Arenas en 1848. Décadas después, ambos países acordaron sus límites y el Estrecho de Magallanes quedó bajo soberanía chilena, con libre navegación para todas las banderas. Hoy nuestra conexión terrestre con el resto de la Argentina atraviesa ese estrecho. Debemos conocer esta historia para comprender la importancia de ocupar, conectar y desarrollar nuestro territorio.

En aquellos años, Luis Piedrabuena fue uno de los argentinos que recorrieron regularmente los mares australes. Navegó por Tierra del Fuego, la Isla de los Estados y las Malvinas, y mantuvo vínculos comerciales con Punta Arenas y Puerto Stanley. Su trayectoria nos recuerda que quienes trabajan en una región necesitan puertos, comunicaciones y un Estado que acompañe sus iniciativas.

También debemos recordar lo ocurrido en Ushuaia. Allí vivía el pueblo yámana y, desde el siglo XIX, funcionaba una misión anglicana. Cuando Augusto Lasserre arribó el 12 de octubre de 1884, Thomas Bridges aceptó el izamiento de la bandera argentina. Dos años después, el Congreso concedió tierras a Bridges, donde nació la estancia Harberton, una de las primeras experiencias productivas de Tierra del Fuego. La presencia del Estado y el trabajo de sus habitantes fueron dando contenido concreto a la soberanía.

¿Qué hacemos hoy con esa enseñanza? Vemos pasar conexiones aéreas y barcos de abastecimiento que operan desde otros puntos de la región. Chile ha desarrollado vuelos antárticos desde Punta Arenas hacia el aeródromo Teniente Rodolfo Marsh, junto a la base Frei. La Argentina cuenta con una larga trayectoria antártica y trabaja para ampliar la capacidad de la base Petrel. Tierra del Fuego debería participar activamente en ese desarrollo mediante sus aeropuertos, puertos, empresas, científicos y trabajadores.

Hace años, don Oscar Valls, al frente de la empresa aérea regional Kaikén, quiso impulsar vuelos desde Tierra del Fuego hacia la Antártida. Según mi recuerdo, la empresa contaba con un avión Bombardier preparado para operar en la región, que quedó exhibido en el aeropuerto de Río Grande. La iniciativa permaneció en estudio. Propongo recuperar el expediente y conocer qué se solicitó, qué organismo debía resolverlo y por qué no hubo una respuesta definitiva. No podemos permitir que «está en estudio» sea el destino permanente de los proyectos fueguinos.

Por eso debemos exigir reglas públicas para las operaciones aéreas civiles hacia la Antártida: requisitos claros, autoridades identificadas, plazos y respuestas fundadas. También debemos contar en Tierra del Fuego con una oficina capaz de recibir y seguir esos trámites, y con participación provincial en la planificación de los servicios que podrían desarrollarse desde Ushuaia y Río Grande.

Reconozco la tarea indispensable de nuestras Fuerzas Armadas en las bases y en las campañas antárticas. A la vez, las decisiones sobre transporte, abastecimiento, investigación y desarrollo requieren la participación de autoridades civiles, universidades, trabajadores y operadores privados. Somos todos argentinos. ¿Por qué los fueguinos no podemos sentarnos a planificar el futuro de nuestra provincia?

La Dirección Nacional del Antártico funciona en Buenos Aires. Propongo estudiar su traslado a Tierra del Fuego o establecer aquí una sede con capacidad efectiva de planificación. Propongo, además, una mesa permanente entre la Nación y la Provincia para compartir información, definir prioridades y dar seguimiento público a los proyectos sobre la Antártida y las Islas del Atlántico Sur.

En cuanto a Malvinas, mantener nuestros derechos no impide buscar formas de conversación y acercamiento con sus habitantes. Las comunicaciones, el intercambio y los vínculos entre personas merecen una propuesta seria. ¿A quién beneficia una política de aislamiento que deja a Tierra del Fuego mirando cómo otros sostienen esos contactos y servicios?

La Ley de Provincialización reconoció la extensión de Tierra del Fuego. Nuestro reclamo es que ese reconocimiento tenga consecuencias prácticas. Una provincia debe poder aportar ideas, recibir información y participar en las decisiones que afectan su desarrollo.

Se suele decir que «Dios está en todas partes, pero gobierna en Buenos Aires». Es hora de acercar las decisiones al territorio, dejar de lado nuestras rencillas y actuar con responsabilidad. Como diría un gaucho, con toda franqueza: «Dejemos de joder». Sentémonos a trabajar juntos y actuemos como Nación.

Mariano Viaña

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