Ushuaia 21 de septiembre 2026.- El excombatiente y titular de Agenda Malvinas, Daniel Guzmán, cuestionó el accionar del Gobierno de Tierra del Fuego frente al radar de LeoLabs instalado en Tolhuin y sostuvo que la provincia tenía atribuciones para disponer su desarme.
En diálogo con El Cronista Urbano, Guzmán analizó las testimoniales que lleva adelante la Comisión Especial Investigadora de la Legislatura y destacó la declaración del exministro de Defensa Jorge Taiana, quien sostuvo que el Gobierno provincial tenía la potestad legal para avanzar con el desmantelamiento del radar.
“Si el Poder Ejecutivo de la provincia lo hubiera resuelto en 2023, esto no estaría sucediendo”, afirmó Guzmán, quien recordó que desde ese año los excombatientes vienen reclamando respuestas sobre la instalación del dispositivo.
Guzmán cuestionó además la ausencia de algunos sectores políticos en las audiencias y consideró que deberían participar activamente de una investigación que busca determinar cómo se autorizó la instalación y cuáles fueron las responsabilidades de los distintos organismos.
Uno de los principales interrogantes planteados por el dirigente es la inexistencia de un protocolo claro para actuar ante la instalación de tecnología extranjera con capacidad de uso dual, civil y militar. “¿Cuál es el protocolo? ¿Qué mecanismos tiene el Estado para autorizar o vetar el ingreso de tecnologías de punta con capacidad de uso dual?”, planteó.
Según Guzmán, durante las declaraciones de los exfuncionarios nacionales también quedó expuesto un circuito administrativo que permitió que distintas dependencias conocieran la situación en momentos diferentes. La Legislatura informó que Taiana había señalado que el Ministerio de Defensa recibió información sobre el radar posteriormente y que se solicitaron informes técnicos a organismos especializados.
El titular de Agenda Malvinas también reclamó que la investigación avance sobre la documentación generada por los organismos nacionales y provinciales, incluidos expedientes, comunicaciones y actuaciones administrativas. “Acá hay un reguero de firmas, documentos, resoluciones, autorizaciones y habilitaciones”, sostuvo.
Guzmán consideró que la investigación debe continuar con los funcionarios y exfuncionarios fueguinos vinculados al caso. La Comisión Especial tiene previsto continuar con las testimoniales y posteriormente avanzar en la reconstrucción de las actuaciones provinciales.
Para el excombatiente, el caso trasciende la instalación de un radar y plantea un interrogante más amplio sobre los mecanismos de protección de los intereses estratégicos argentinos en Tierra del Fuego. “¿Dónde están los sistemas de resguardo? ¿Cómo sostenemos todo ese discurso sobre soberanía con los actos concretos?”, cuestionó.
La Comisión Investigadora tiene previsto continuar trabajando hasta diciembre y elaborar un informe con las conclusiones del proceso. Mientras tanto, la declaración de Taiana volvió a poner en el centro de la discusión las responsabilidades provinciales sobre el desmantelamiento del radar.
