Ushuaia 17 de septiembre 2026.- El representante del CECIM La Plata, Ernesto Alonso, destacó en diálogo con El Cronista Urbano la medida cautelar dictada por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, que ordenó suspender el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas.
La resolución hizo lugar parcialmente a la acción preventiva presentada por el CECIM y la Asociación Civil de Abogados y Abogadas Ambientalistas contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. La Justicia ordenó que se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar el proyecto hidrocarburífero mientras se avanza con las medidas dispuestas en el expediente.
Alonso consideró que se trata de “un paso muy importante” porque, según explicó, la presentación buscaba que la Justicia argentina interviniera frente a actividades hidrocarburíferas que las organizaciones consideran contrarias a la legislación nacional y al reclamo argentino de soberanía.
El dirigente del CECIM remarcó además el carácter preventivo de la acción ambiental y destacó que el fallo incorpora la cuestión de la soberanía nacional junto con la protección del ambiente.
“Es un caso testigo”, sostuvo Alonso, al señalar que la resolución reconoce la posibilidad de accionar judicialmente en defensa de la soberanía y vinculó este criterio con antecedentes judiciales relacionados con la Ley de Tierras.
Críticas a la política nacional sobre Malvinas
Durante la entrevista, Alonso también cuestionó la política del Gobierno de Javier Milei y puso en duda que los anuncios recientes sobre Malvinas representen un cambio de rumbo.
Este jueves, el Gobierno nacional efectivamente envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en las áreas reclamadas por Argentina y amplía las responsabilidades a empresas, accionistas y proveedores. La iniciativa también plantea la creación de un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional.
Alonso sostuvo que habrá que analizar el contenido concreto del proyecto y cuestionó lo que considera contradicciones entre los anuncios oficiales y otras decisiones de política exterior y económica.
En ese marco, mencionó el abastecimiento logístico desde Chile hacia las Islas y afirmó que el desarrollo de proyectos hidrocarburíferos requiere una estructura logística que excede la actividad de las propias compañías petroleras.
También cuestionó la vigencia de acuerdos vinculados con la explotación de recursos naturales y reclamó una política de Estado sostenida en materia de soberanía.
“La soberanía también se construye en el continente”
Para Alonso, la discusión por Malvinas no puede limitarse al reclamo diplomático sobre las islas. En su análisis, la soberanía también está relacionada con el desarrollo productivo, científico, tecnológico, educativo y energético del país.
En ese sentido, cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional y sostuvo que el debilitamiento de determinadas actividades productivas y científicas afecta las capacidades estratégicas de la Argentina.
“El proyecto soberano no es solamente territorial”, planteó, al vincular la cuestión Malvinas con la necesidad de fortalecer la producción, la ciencia, la tecnología y el desarrollo de las regiones estratégicas del país.
Finalmente, Alonso reclamó avanzar hacia un acuerdo nacional que permita sostener una política de Estado sobre Malvinas y el Atlántico Sur, más allá de los cambios de gobierno y de las coyunturas políticas.
