Río Grande 16 de septiembre 2026.- La jueza Federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó suspender el inicio y/o continuidad de las obras vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en las Islas Malvinas, e impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited.
La resolución tiene carácter cautelar, por lo que no implica una decisión definitiva sobre el fondo de la causa ni sobre la eventual responsabilidad de las empresas.
Como parte de la medida, ambas compañías deberán presentar en un plazo de 10 días una declaración jurada con documentación que permita conocer el estado actual del proyecto. Deberán informar el cronograma de construcción, perforación e instalación, la situación y ubicación de los pozos, los equipos contratados y los principales contratistas y subcontratistas.
El fallo también exige información sobre la estructura societaria y financiera de Sea Lion, incluyendo entidades y fondos involucrados, desembolsos realizados o comprometidos, aseguradoras y reaseguradoras, además de estudios ambientales, análisis de riesgo, modelizaciones de posibles derrames y planes de contingencia.
La jueza solicitó además a la Cancillería Argentina que informe si las empresas cuentan o contaron con alguna habilitación, permiso o autorización de autoridades argentinas para desarrollar actividades de exploración o explotación hidrocarburífera en las Malvinas o en los espacios marítimos circundantes correspondientes a la Plataforma Continental Argentina.
A su vez, requirió a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Nación que informe si existe algún procedimiento de evaluación ambiental relacionado con Sea Lion y si se emitió alguna declaración de impacto ambiental o certificado de aptitud ambiental.
La resolución incorpora también información sobre las obras terrestres y portuarias proyectadas o ejecutadas como apoyo al emprendimiento y cualquier ampliación prevista del proyecto. La medida judicial representa un nuevo capítulo en la disputa vinculada con el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes reclamados por la Argentina.
