Ushuaia 09 de septiembre 2026.- La Cámara Federal porteña confirmó el archivo de la denuncia presentada por la senadora por Tierra del Fuego Cándida Cristina López, quien había denunciado haber sido agredida cuando intentó ingresar a su despacho en el Senado, en diciembre de 2025.
La Sala I del tribunal, integrada por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, ratificó la decisión de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, al considerar que las pruebas reunidas durante la investigación no fueron suficientes para acreditar las agresiones denunciadas ni para identificar a sus presuntos responsables.
El conflicto se originó a fines de noviembre de 2025, cuando López intentó ingresar a la oficina 742 del edificio anexo del Senado y encontró la puerta cerrada, fajada y bajo custodia de personal de seguridad. Según su denuncia, se le impidió el acceso por orden de la entonces vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel.
El 1 de diciembre, López regresó al lugar acompañada por un cerrajero para intentar recuperar sus pertenencias. En ese contexto denunció haber sido empujada, golpeada y sometida a tocamientos, mientras que también afirmó que al cerrajero le patearon sus herramientas y lo amenazaron con detenerlo.
Sin embargo, la Cámara sostuvo que la investigación permitió acreditar la existencia de una controversia en torno al acceso al despacho, pero no logró reunir elementos objetivos suficientes para sostener una imputación penal concreta.
“Las medidas producidas durante la investigación han permitido reconstruir el contexto general en el que se desarrollaron los acontecimientos y acreditar la existencia de una controversia respecto del acceso a la oficina 742, pero no han permitido reunir elementos objetivos suficientes para sostener una imputación penal concreta”, señalaron los camaristas.
La querella había apelado el archivo por considerarlo prematuro y arbitrario. Entre otros planteos, cuestionó la valoración de la prueba, sostuvo que debía investigarse la posible existencia de violencia política e institucional de género y un eventual abuso de autoridad, y criticó que se descartara la realización de una pericia psicológica forense.
La Cámara rechazó esos argumentos y destacó que durante la investigación se solicitó al Senado documentación sobre la asignación, cierre y custodia del despacho, además de información sobre las autoridades y agentes de seguridad presentes durante el episodio.
Los camaristas concluyeron que “las constancias reunidas no lograron evidenciar que, en ese contexto, la querellante hubiera sido efectivamente agredida en los términos denunciados”. El expediente fue archivado por imposibilidad de proceder, aunque la causa podría reabrirse si surgieran nuevas pruebas.
El episodio se produjo en el marco de la decisión del Senado de solicitar la restitución de los despachos correspondientes a legisladores cuyos mandatos finalizaban el 10 de diciembre de 2025. López había acordado con el entonces senador saliente Sergio Leavy el traspaso de la oficina 742.