Ushuaia 07 de septiembre 2026.- El abogado Jorge Hernández advirtió sobre las dificultades que podría enfrentar Tierra del Fuego para implementar el nuevo Régimen Penal Juvenil, que comenzó a regir a nivel nacional, y señaló que la provincia no cuenta actualmente con la infraestructura necesaria para cumplir con varias de las disposiciones previstas por la nueva normativa.

En diálogo con El Cronista Urbano, Hernández consideró que la modificación del régimen era necesaria y que fue aprobada luego de atravesar las instancias correspondientes en el Congreso Nacional. Sin embargo, cuestionó la falta de preparación para su implementación y remarcó que la entrada en vigencia del nuevo esquema encontró a distintos actores sin información suficiente.

“Todo lo que estipula esta ley tiene que ver con lugares específicos de atención y con formas y tratamientos especiales para el menor involucrado en un delito que son imposibles de llevar a cabo” en las condiciones actuales, sostuvo.

Entre otros aspectos, explicó que la normativa establece que los adolescentes sometidos a un proceso penal no pueden compartir espacios de detención con adultos y que deben existir ámbitos especializados y procedimientos específicos para su tratamiento.

El problema de la infraestructura

Para Hernández, uno de los principales interrogantes está relacionado con dónde se implementará físicamente el nuevo régimen en Tierra del Fuego. “Si va a ser un lugar especializado, decime dónde va a ser”, planteó, al advertir que actualmente la provincia no cuenta con establecimientos preparados para cumplir con las exigencias de la nueva legislación.

El abogado señaló además que la situación carcelaria provincial agrega dificultades, ya que tampoco existen espacios suficientes para alojar a nuevos detenidos y, mucho menos, para garantizar la separación entre adolescentes y adultos que exige el régimen. “No puede haber contacto entre ellos y un adulto”, remarcó.

Hernández también destacó que la nueva legislación plantea un modelo que no se limita al castigo, sino que incorpora mecanismos orientados a la rehabilitación y a la reparación del daño, mediante herramientas como la mediación, acuerdos, disculpas e indemnizaciones a las víctimas.

Ese esquema requiere la intervención coordinada de fiscales, jueces, víctimas, adolescentes involucrados y sus familias, además de espacios físicos y equipos especializados para llevar adelante los procedimientos. “Si leés la ley, te imaginás un lugar que físicamente no existe en la Justicia actualmente”, señaló.

Una nueva responsabilidad para adolescentes de 14 a 18 años

Otro de los puntos que Hernández consideró necesario instalar en la sociedad es el alcance que tendrá la nueva normativa.

El abogado recordó que el régimen establece responsabilidad penal para adolescentes comprendidos entre los 14 y los 18 años, por lo que situaciones que anteriormente podían quedar dentro del ámbito de una “macana” o un conflicto menor entre adolescentes ahora pueden tener consecuencias dentro de un proceso penal. Amenazas, peleas o lesiones entre adolescentes, ejemplificó, podrían dejar de ser situaciones que simplemente quedaban sin consecuencias penales y pasar a formar parte de un sistema que contempla responsabilidad para los menores alcanzados por la ley.

Sin embargo, Hernández insistió en que esto no significa dejar de considerar que se trata de niños y adolescentes. “Cualquier niño porque sigue siendo niño, porque así lo dice la Convención de los Derechos del Niño”, sostuvo, al remarcar que la nueva responsabilidad penal no elimina la necesidad de garantizar derechos y aplicar mecanismos orientados a la reinserción.

La necesidad de hablar del tema en las familias y las escuelas

Más allá de la discusión jurídica, Hernández consideró fundamental que la sociedad conozca el nuevo régimen y que el tema sea incorporado a las conversaciones familiares. “Lo que intento transmitir es que merece toda una cuestión de charla en los hogares”, explicó. En ese sentido, planteó la necesidad de que padres y adolescentes conozcan cuáles son las nuevas reglas y cuáles pueden ser las consecuencias de determinadas conductas.

También cuestionó la falta de información en el ámbito educativo y planteó la necesidad de analizar cómo se podría incorporar el conocimiento de la nueva normativa en las escuelas secundarias.

“¿Cómo la difundimos y cómo la implementamos?”, preguntó, al considerar que el debate ya no pasa únicamente por la aprobación de la ley, sino por su aplicación concreta y por el conocimiento que deben tener los distintos actores sociales.

Un desafío para la Justicia y las fuerzas de seguridad

Hernández también advirtió que la implementación del nuevo régimen requerirá preparación por parte de jueces, fiscales, abogados, fuerzas de seguridad y todos los organismos que intervienen en situaciones que involucren a menores. A su entender, los operadores judiciales podrán capacitarse y adaptar los procedimientos, pero el mayor desafío estará en generar la estructura necesaria para que las disposiciones de la ley puedan cumplirse efectivamente. “En cuanto a infraestructura, en cuanto a cantidad de personal que va a dedicarse a esto”, todavía existen interrogantes importantes, sostuvo.

En ese contexto, estimó que la verdadera dimensión de los cambios podría comenzar a observarse con mayor claridad durante los próximos años, cuando el nuevo sistema empiece a generar una mayor cantidad de procedimientos penales que involucren a adolescentes de entre 14 y 18 años.

Para Hernández, la discusión ya no pasa por si la ley fue aprobada o no. “Ya está votada, ya está vigente, está activa”, afirmó. El desafío, ahora, será determinar cómo se implementa dentro del sistema judicial y penitenciario existente y cómo se prepara a la sociedad para esta nueva realidad.