Ushuaia 03 de septiembre 2026.- Tres retirados de la Policía del ex Territorio Nacional presentaron este jueves ante la Legislatura de Tierra del Fuego un pedido formal de juicio político contra el gobernador Gustavo Melella, al considerar que los hechos denunciados podrían configurar la causal de mal desempeño prevista en la Constitución Provincial.

La presentación fue realizada por el subcomisario (R) Daniel Ariel Torales, el suboficial mayor (R) Alfredo José Gatti y el suboficial escribiente (R) Jorge Alejandro Herrera, quienes sostienen que la problemática previsional que afecta a retirados y pensionados territoriales constituye una situación estructural que se arrastra desde hace años.

El pedido, presentado al amparo de los artículos 114 a 122 de la Constitución Provincial y de la Ley Provincial N.º 21, está organizado en 30 capítulos e incorpora antecedentes legislativos, administrativos, informes del Tribunal de Cuentas, resoluciones de la Caja, actuaciones judiciales y documentación vinculada con los aportes y contribuciones previsionales.

Cuestionan decisiones y omisiones del Ejecutivo

Los denunciantes aclaran que no buscan que la Legislatura funcione como un tribunal previsional ni reclaman únicamente por diferencias de haberes. El objetivo, según explicaron, es determinar qué conocimiento tuvo el Poder Ejecutivo sobre la situación, cuándo lo tuvo y qué medidas adoptó para evitar el deterioro de las prestaciones.

Entre los antecedentes mencionados aparecen las resoluciones N.º 148/2025 y 40/2026, además de las leyes provinciales N.º 1627 y 1628, vinculadas con la emergencia previsional y la protección de los beneficiarios.

La Resolución 40/2026, según el escrito, habría reconocido una insuficiencia financiera para afrontar íntegra y simultáneamente las obligaciones previsionales, además de dejar constancia de gestiones de asistencia ante el Poder Ejecutivo y comunicar la situación al Gobernador, la Legislatura, el Tribunal de Cuentas y otros organismos.

El fallo del Superior Tribunal no cerraría la discusión

La presentación también incorpora el pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia del 8 de julio de 2026. Los impulsores sostienen que el fallo no resolvió el fondo de la controversia previsional ni determinó la legitimidad de las resoluciones cuestionadas.

Por ese motivo, consideran que la discusión sobre las eventuales responsabilidades políticas permanece abierta y puede ser analizada por la Legislatura mediante el mecanismo de juicio político.

“No se pide una condena anticipada, se pide investigar”

Uno de los principales argumentos de los denunciantes es que la responsabilidad política de Melella no debe presumirse por su sola condición de gobernador, sino que debe establecerse a partir de la existencia de competencia, conocimiento, capacidad de actuación, decisiones adoptadas y su relación con la continuidad del problema denunciado.

Por eso, solicitaron que la Legislatura requiera expedientes e informes a los organismos públicos, incorpore antecedentes que ya obren en poder del Estado y avance con las medidas de investigación necesarias.

El planteo concluye con un pedido concreto a los legisladores: determinar quién conocía la situación, desde cuándo, qué decisiones se tomaron y si los hechos acreditados configuran o no mal desempeño en el ejercicio del cargo de Gobernador.

Con la presentación realizada este 3 de septiembre, el pedido de juicio político quedó formalmente en manos de la Legislatura Provincial, que deberá definir ahora si da curso a la investigación solicitada.