Ushuaia 13 de agosto 2026.- El editor de Agenda Malvinas, integrante de la Comisión Investigadora que analiza la instalación del radar de LeoLabs en Tolhuin, Daniel Guzmán, cuestionó la falta de información oficial y sostuvo que la investigación debe avanzar sobre los funcionarios, organismos y empresas que intervinieron en el proceso.
En diálogo con El Cronista Urbano, Guzmán afirmó que la Dirección Provincial de Energía aún no respondió pedidos de información realizados hace unos 40 días. Sin embargo, destacó que la Comisión comenzó a reconstruir los hechos a partir de documentación y testimonios.
Uno de los puntos que consideró centrales es una solicitud de factibilidad de conexión y suministro eléctrico vinculada a la estación astronómica de Río Grande, fechada en 2021 y que ya había llegado a la Legislatura en 2023. “Esta documentación ya estaba en la Legislatura”, señaló, y planteó la necesidad de determinar cómo comenzaron las gestiones y qué organismos tuvieron intervención.
Quiénes intervinieron y qué sabían
Guzmán sostuvo que no alcanza con analizar expedientes administrativos y reclamó reconstruir también las comunicaciones entre funcionarios, organismos y representantes de la empresa. En ese sentido, confirmó que se solicitaron expedientes, correos electrónicos y otras comunicaciones para determinar cómo se fueron tomando las decisiones.
También planteó la necesidad de convocar a exfuncionarios y especialistas vinculados con los informes de Defensa que advirtieron sobre posibles implicancias estratégicas del radar. “Queremos saber quiénes redactaron ese documento, qué analizaron y qué observaron desde el campo de la defensa”, afirmó.
Las dudas sobre el funcionamiento y el tendido eléctrico
Otro de los interrogantes centrales es determinar si el radar funciona actualmente, bajo qué condiciones puede operar y si puede ser monitoreado o funcionar de manera remota. Para ello, Guzmán señaló que la Comisión solicitó un peritaje técnico.
Además, puso el foco en la infraestructura energética: “Queremos saber quién hizo el tendido eléctrico desde la red central hasta el predio, quién pagó los insumos y cuántas horas de trabajo se utilizaron”.
También reclamó esclarecer los movimientos económicos y la relación contractual entre la empresa y el predio donde fue instalado el radar.
“Hubo una decisión política de no poner transparencia”
Guzmán fue crítico respecto del tiempo transcurrido desde que comenzaron las primeras gestiones. Recordó que ya en 2023 el legislador Pablo Villegas había impulsado una Comisión Investigadora, pero consideró que en aquel momento no existió suficiente respaldo político para avanzar.
“Hay una decisión, al menos política, de no poner transparencia a esto que sucedió”, sostuvo.
Para el excombatiente, la actual Comisión tiene ahora la oportunidad de reconstruir lo ocurrido durante los últimos cinco años y determinar responsabilidades. “Es una muy buena oportunidad de transparencia política y democrática”, concluyó.
