Ushuaia 12 de agosto 2026.- El vicegobernador – gobernador mandato cumplido, Juan Carlos Arcando reclamó al Gobierno provincial que brinde información detallada sobre la turbina General Electric que será instalada en la nueva central eléctrica de Ushuaia y advirtió que, detrás de la construcción de la planta, existen interrogantes que exceden la compra o instalación del equipamiento.
En diálogo con El Cronista Urbano, Arcando sostuvo que la necesidad de una nueva central eléctrica para Ushuaia “nadie puede discutir”, pero remarcó que se trata de una infraestructura estratégica que obliga a transparentar todos los aspectos técnicos, económicos y contractuales del proyecto. La preocupación surgió a partir de declaraciones del presidente de Terra Ignis, Maximiliano D’Alessio, quien habría señalado que la turbina General Electric adquirida para la obra es usada y que fue sometida a un proceso de renovación y actualización.
“Que una turbina sea usada no significa necesariamente que sea inservible”, aclaró Arcando, aunque inmediatamente reclamó conocer las condiciones en las que fue reacondicionada. “Necesitamos saber cuántos años tiene, dónde funcionó anteriormente, cuántas horas de operación acumulada tiene, cuál es su vida útil remanente y qué pruebas técnicas superó antes de ser enviada a Ushuaia”, planteó.
También puso el foco en las certificaciones. “Me gustaría saber quién hizo el trabajo y si fue supervisado por General Electric o por una empresa oficialmente autorizada por el fabricante”, señaló, utilizando como referencia los procedimientos de certificación que existen en la industria aeronáutica.
Para Arcando, además, resulta imprescindible conocer qué garantías tendrá el equipamiento y quién responderá ante una eventual falla dentro de algunos años. “Si la turbina falla dentro de dos, cinco o diez años, ¿General Electric va a ser responsable, la empresa china, Terra Ignis o finalmente el Estado provincial con los recursos de todos los fueguinos?”, preguntó.
“El Gobierno debe explicar el negocio completo”
Arcando amplió sus cuestionamientos al esquema general de la nueva central y sostuvo que no alcanza con informar sobre la llegada del equipamiento. Según explicó, la empresa que construirá la central también tendría participación en su puesta en marcha, operación, mantenimiento y explotación comercial, por lo que consideró necesario conocer “el negocio completo y no una parte”.
En ese sentido, formuló una serie de interrogantes: quién será propietario de la central, quién venderá la energía, quién estará obligado a comprarla, a qué precio, en qué moneda y durante cuánto tiempo. También pidió conocer cuál será el rol futuro de la Dirección Provincial de Energía y qué ocurrirá con la actual central de Ushuaia.
Arcando sostuvo que la actual infraestructura deberá mantenerse como respaldo y explicó el concepto de “reserva fría”, tomando como ejemplo el último episodio de cortes de energía que afectó a la ciudad, cuando fue necesario recurrir a otros generadores luego de la salida de servicio de la turbina Rolls-Royce.
“Una cosa es recibir capitales para construir una central y otra muy diferente es comprometer por décadas la operación y la explotación comercial de la energía en Ushuaia”, advirtió.
Cuestionamientos a la confidencialidad
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la discusión en torno a la confidencialidad de los contratos. Arcando consideró que las cláusulas de reserva no pueden utilizarse como argumento para impedir que la Legislatura y la ciudadanía conozcan las condiciones de un negocio que involucra recursos y patrimonio provincial.
“Estamos hablando del recurso de la provincia”, sostuvo, y señaló que los legisladores tienen herramientas institucionales para acceder a la información, incluso mediante reuniones reservadas cuando existan aspectos que deban mantenerse bajo confidencialidad. “No quiero descubrir el contrato cuando llegue la primera factura de energía eléctrica, una vez que empiece a generar esta nueva planta”, manifestó.
En esa línea, afirmó que la inversión puede ser privada, pero que las consecuencias económicas de un acuerdo de largo plazo pueden terminar impactando sobre todos los usuarios fueguinos. “Si la tarifa y las consecuencias las pueden terminar pagando todos los fueguinos, tenemos derecho a saber qué recibe la provincia a cambio”, sostuvo.
Una advertencia sobre el control de una infraestructura estratégica
Arcando llevó además el debate hacia una cuestión institucional más profunda: quién tendrá el control efectivo de una central instalada en territorio fueguino. Preguntó si la Dirección Provincial de Energía, los organismos de control y la propia Legislatura podrán ingresar e inspeccionar libremente las instalaciones o si deberán solicitar autorización a la empresa operadora.
“Vamos a tener una central ubicada en suelo fueguino, pero fuera del control efectivo de los fueguinos”, planteó como interrogante. En ese contexto, comparó la situación con el debate generado alrededor de la estación espacial china instalada en Neuquén, aunque aclaró que no estaba afirmando que aquel predio hubiera dejado de pertenecer jurídicamente a la Argentina.
Su advertencia apuntó a que los acuerdos poco transparentes sobre instalaciones estratégicas pueden generar, según expresó, “enclaves de hecho”. También vinculó esta preocupación con el debate generado alrededor del radar instalado en Tolhuin y sostuvo que la experiencia debería servir como advertencia para exigir mayor transparencia antes de que las instalaciones estratégicas comiencen a funcionar.
Críticas a la gestión provincial
Durante la entrevista, Arcando también cuestionó el funcionamiento general del Gobierno provincial y sostuvo que existe una falta de gestión que se refleja en distintas áreas. “Está muy lindo ser gobernador, pero cuando uno toma una responsabilidad de esa característica es full time”, afirmó. En particular, criticó la situación salarial de los trabajadores estatales y aseguró que recibe consultas de empleados públicos que buscan otros trabajos debido a la pérdida del poder adquisitivo.
Arcando comparó la situación actual con su experiencia durante gestiones anteriores y sostuvo que, pese a las dificultades económicas de aquel momento, los salarios permitían afrontar determinados gastos que hoy resultan mucho más difíciles para las familias. También cuestionó la situación de la educación y sostuvo que la discusión salarial no puede reducirse a comparar porcentajes de aumentos sin contemplar el nivel de inflación y la pérdida del poder adquisitivo.
“Hay que buscar otro camino”
Sobre el escenario político, Arcando dejó abierta la posibilidad de regresar a la actividad partidaria. “Hoy no lo sé. Tengo la posibilidad de volver, no te digo que no”, reconoció, aunque aclaró que actualmente mantiene conversaciones con distintos sectores y que evaluará su futuro hacia fin de año.
Consideró que el escenario político fueguino atraviesa una etapa de fragmentación y sostuvo que será necesario “buscar otro camino” para construir una alternativa.
