Ushuaia 06 de agosto 2026.- La corrupción tiene una particularidad: rara vez deja pruebas sobre la mesa. Se mueve entre rumores, sospechas, favores y silencios. Por eso, cuando alguien decide hablar públicamente sobre presuntas irregularidades en el Estado, la reacción no debería ser automática ni en un sentido ni en el otro. Ni condenar sin pruebas, ni descalificar al denunciante porque aún no presentó una denuncia formal.

Las declaraciones en Radio Provincia del ingeniero civil Miguel Hidalgo sobre el funcionamiento de la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de Ushuaia son graves. Hablar de supuestas coimas para agilizar expedientes o conseguir excepciones urbanísticas no es una acusación menor. El propio profesional reconoció que nunca le pidieron dinero personalmente y que su planteo surge de comentarios de otros colegas. Esa aclaración es importante, porque marca el límite entre un testimonio directo y una sospecha compartida dentro del ámbito profesional.

Pero también sería un error minimizar el problema simplemente porque no existe, hasta ahora, una denuncia judicial. Muchas de las grandes causas de corrupción que sacudieron al país comenzaron con versiones, testimonios periodísticos o denuncias públicas que luego derivaron en investigaciones. Otras, en cambio, quedaron solo en sospechas porque nadie se animó a dar el siguiente paso.

La respuesta del concejal Nicolás Pelloli fue la esperable desde el oficialismo. Defendió el funcionamiento institucional, explicó el procedimiento para aprobar excepciones urbanísticas y aseguró que pone “las manos al fuego” por concejales y técnicos municipales. Su postura también merece ser escuchada, porque en un Estado de Derecho nadie puede ser condenado por declaraciones mediáticas.

Sin embargo, el debate no debería agotarse en un cruce de declaraciones. Hay un dato que nadie discute: las demoras en Obras Privadas existen y vienen siendo motivo de reclamos desde hace años por parte de profesionales y vecinos. Si el sistema funciona con lentitud, falta de personal o expedientes que avanzan a distinta velocidad, es obligación del Estado corregir esas falencias. Porque donde hay burocracia excesiva, siempre aparece el riesgo de que alguien intente sacar ventaja.

La transparencia no se demuestra únicamente negando acusaciones. Se fortalece con expedientes digitales, plazos claros, trazabilidad de los trámites y controles permanentes. Cuanto más transparente es un procedimiento administrativo, menos espacio existe para las sospechas.

Ahora bien, si quienes conocen el funcionamiento interno del sistema realmente creen que existen hechos de corrupción, también tienen una responsabilidad. No alcanza con comentarlo en los pasillos, repetirlo entre colegas o decirlo en una entrevista radial. La única forma de transformar una sospecha en una investigación es acudir a la Justicia con los elementos disponibles.

La corrupción no se combate con rumores, pero tampoco con silencios. Se combate con instituciones que investiguen y con ciudadanos que se animen a denunciar cuando tienen fundamentos para hacerlo.

Porque, al final, el mayor daño no lo producen solamente las coimas cuando existen. También lo produce la desconfianza cuando nadie investiga y todo queda reducido a un intercambio de acusaciones y desmentidas.

Los vecinos de Ushuaia merecen saber una sola cosa: si las denuncias son falsas, que se demuestre. Y si son ciertas, que los responsables respondan ante la Justicia. Lo peor que puede pasar es que, una vez más, la verdad quede atrapada entre los micrófonos y los expedientes.