Ushuaia 02 de julio 2026.- El conflicto por la transición de las operaciones entre YPF y Terra Ignis sumó un nuevo capítulo luego de que el gremio petrolero resolviera dejar de reconocer a la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, como interlocutora en las negociaciones con el Gobierno provincial. Así lo confirmó el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Tierra del Fuego, Luis Sosa en declaraciones a FM Del Pueblo, donde cuestionó con dureza el rol de la funcionaria y ratificó la continuidad de las medidas de fuerza.

El referente gremial explicó que la decisión fue adoptada tras una serie de reuniones que no arrojaron resultados concretos y aseguró que la ministra “no refleja la situación real que viven los trabajadores”. “No queremos más a Castillo como interlocutora”, sostuvo, al indicar que esa determinación ya fue comunicada al gobernador Gustavo Melella. Según afirmó, el Ejecutivo fue notificado de que el diálogo con la funcionaria quedó interrumpido porque la información que recibe y transmite “no coincide con la realidad del conflicto”.

Sosa advirtió que aún permanecen sin reincorporarse 217 trabajadores afectados por el traspaso de operaciones entre YPF y Terra Ignis. Señaló que esas familias llevan cerca de dos meses sin percibir salarios ni el medio aguinaldo, lo que agrava una situación económica que calificó de crítica.

En ese sentido, cuestionó además el lento avance de las reincorporaciones. Recordó que el compromiso contemplaba el regreso de 260 empleados, pero hasta el momento solamente fueron reincorporados 43, una cifra que consideró absolutamente insuficiente frente a la urgencia que atraviesan los trabajadores.

Ante este escenario, remarcó que la asamblea del sindicato resolvió por unanimidad iniciar una medida de fuerza que continuará vigente hasta que exista una respuesta concreta que garantice tanto la reincorporación de los trabajadores como el pago de los haberes adeudados.

El dirigente reveló además que durante las últimas horas mantuvo una conversación telefónica con el gobernador Gustavo Melella, quien se comprometió a revisar personalmente la situación y dialogar con las empresas involucradas para acelerar una solución. No obstante, aclaró que el sindicato mantendrá el plan de lucha hasta que ese compromiso se traduzca en hechos concretos.

Finalmente, Sosa también apuntó contra la Legislatura provincial, al considerar que los legisladores deben ejercer un mayor control sobre las acciones del Ejecutivo. Sostuvo que el conflicto excede al sector petrolero, ya que la falta de ingresos de más de doscientas familias repercute directamente en la actividad económica de Río Grande, por lo que reclamó una mayor intervención institucional para contribuir a destrabar la situación.