Río Grande 15 de junio 2026.- El director de la Unidad de Detención de Río Grande, Raúl Ciares, y otros siete integrantes del Servicio Penitenciario Provincial fueron apartados preventivamente de sus cargos tras quedar imputados en una investigación judicial que busca determinar posibles responsabilidades en la violenta agresión sufrida por tres internos el pasado 9 de mayo.
La medida fue adoptada en el marco de una reunión encabezada por la jueza de Instrucción Cecilia Cataldo junto a autoridades del Gobierno provincial, entre ellas el jefe de Gabinete, Jorge Canals, y el secretario de Seguridad, Gonzalo Valenzuela. Como parte de la reorganización institucional, Walter Oscar Silva fue designado como director de Seguridad Zona Norte, mientras que Jhonatan Almazán asumió la conducción de la Unidad de Detención.
La causa investiga si existió algún grado de participación, omisión o connivencia por parte de agentes penitenciarios en el ataque sufrido por tres reclusos dentro del establecimiento carcelario. En ese contexto, los funcionarios imputados fueron notificados de sus derechos y garantías luego de una serie de allanamientos realizados en sus domicilios.
Uno de los aspectos más relevantes de la investigación apunta a determinar si existía una estructura organizada entre internos y personal penitenciario. Por ese motivo, la magistrada ordenó levantar el secreto bancario de los agentes involucrados para analizar posibles movimientos económicos vinculados a los hechos investigados.
Además, se realizan pericias sobre teléfonos celulares secuestrados tanto a personal penitenciario como a internos, en busca de elementos que permitan esclarecer una eventual red de protección a determinados reclusos y una posible circulación irregular de estupefacientes dentro de la unidad.
Un ataque registrado por las cámaras
La investigación se originó a partir de un episodio ocurrido el 9 de mayo en el pabellón B del penal riograndense. Según consta en la causa, tres internos fueron trasladados a ese sector pese a advertencias realizadas por sus familiares sobre los riesgos que corrían dentro de ese pabellón.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, un grupo de reclusos ingresó a la celda donde se encontraban las víctimas y las sometió a una brutal golpiza que se habría extendido durante más de una hora. La Justicia también analiza la posible comisión de otros delitos durante el ataque.
Un elemento clave para el avance de la causa fue el análisis de las grabaciones de videovigilancia realizado por personal de Delitos Complejos. Las imágenes habrían permitido identificar a los presuntos agresores y reconstruir una secuencia que, pese a haber quedado registrada por las cámaras de seguridad, no habría sido interrumpida por el personal encargado de la custodia.
La causa está caratulada como presunta asociación ilícita destinada a cometer delitos y también involucra a varios internos alojados en la unidad. Los investigadores buscan determinar si existió una actuación coordinada entre presos y agentes penitenciarios para facilitar las agresiones.
Mientras avanza la investigación, los tres internos que habrían sido víctimas del ataque permanecen alojados en Ushuaia bajo medidas especiales de protección dispuestas por la Justicia para resguardar su integridad física y psicológica.
