Ushuaia 03 de junio 2026.- La abogada Griselda Engelhard confirmó que la Justicia rechazó nuevamente el pedido para que uno de sus representados sea incorporado como querellante en la causa que investiga una presunta estafa vinculada a la comercialización irregular de terrenos fiscales en el sector Barrancas del Río Pipo. La letrada adelantó que la resolución ya fue apelada y aseguró que continuarán impulsando nuevas denuncias por hechos similares.

Durante una entrevista en El Cronista Urbano, Engelhard explicó que el juzgado resolvió dividir la investigación en dos expedientes: uno referido a la presunta estafa por la venta de terrenos y otro relacionado con las amenazas denunciadas por ella y su colega Sofía Bahamonde Águila.

“Nosotras no estamos de acuerdo con esa decisión y ya fue apelada. Consideramos que las amenazas forman parte del mismo contexto y tuvieron como finalidad amedrentarnos para que abandonáramos la investigación”, sostuvo.

Respecto del rechazo de la querella, la abogada señaló que el principal argumento del juez fue que no corresponde otorgar protección legal sobre un negocio irregular, dado que el denunciante habría intentado adquirir un terreno municipal por fuera de los mecanismos legales establecidos.

Sin embargo, Engelhard cuestionó esa interpretación. “Nos parece un error conceptual. No estamos intentando proteger un terreno fiscal. Lo que reclamamos es la recuperación del dinero, los vehículos y los bienes que nuestro cliente entregó como consecuencia de un engaño”, afirmó.

Según explicó, el recurso de apelación plantea que el terreno fue utilizado como “cebo” para concretar la maniobra y que la víctima debe ser reconocida como tal, independientemente de la situación jurídica del inmueble ofrecido.

“Si una persona fue engañada y entregó dinero o bienes creyendo que estaba realizando una operación legítima, no puede ser castigada quitándole el derecho a participar activamente de la causa”, argumentó.

Indagatorias previstas para fines de junio

La letrada también destacó una aparente contradicción en la resolución judicial. Mientras se rechazó la participación de la víctima como querellante, el propio juzgado consideró que existen elementos suficientes para convocar a declaración indagatoria a los dos principales acusados.

“Las indagatorias están previstas para fines de junio. Eso significa que deberán sentarse frente al juez y dar explicaciones formales sobre los hechos investigados”, explicó.

Asimismo, indicó que continúan vigentes estrictas medidas de protección para los denunciantes y testigos. Entre ellas, la prohibición para los acusados de acercarse a menos de 100 metros de las presuntas víctimas y la obligación de presentarse semanalmente en la Comisaría Cuarta.

Más denuncias y nuevos damnificados

Engelhard reveló además que continúan apareciendo personas que aseguran haber sido perjudicadas por maniobras similares en el mismo sector de Barrancas del Río Pipo.

“Siguen llegando nuevos casos al estudio. Algunas personas tenían miedo de denunciar y ahora decidieron hacerlo. Tenemos nuevas querellas preparadas y vamos a seguir presentando denuncias”, adelantó.

Según detalló, los perjuicios económicos denunciados rondan entre los 25.000 y 30.000 dólares por familia, incluyendo dinero en efectivo, créditos bancarios y vehículos entregados como parte de pago.

“Estamos hablando de familias trabajadoras que sacaron préstamos o entregaron herramientas de trabajo. Hay personas que siguen pagando créditos por bienes que ya no tienen”, señaló.

La abogada sostuvo que existen boletos de compraventa, transferencias bancarias y otra documentación que respalda las operaciones denunciadas.

La investigación busca determinar cómo se ofrecían terrenos municipales

Consultada sobre posibles responsabilidades de funcionarios o terceros vinculados al acceso a los terrenos, Engelhard señaló que esa es precisamente una de las líneas centrales de la investigación.

“Si los terrenos son municipales, la pregunta es cómo estas personas accedían a ellos para ofrecerlos en venta. Eso es parte de lo que deberá esclarecer la Justicia”, expresó.

La profesional recordó además que algunos denunciantes aportaron nombres y datos concretos que ya forman parte del expediente y consideró que las futuras declaraciones indagatorias podrían aportar elementos importantes para reconstruir la cadena de responsabilidades.

Finalmente, Engelhard insistió en la necesidad de profundizar los controles sobre la actividad inmobiliaria y advirtió sobre la proliferación de operaciones clandestinas.

“El acceso a la vivienda es una necesidad real y muchas veces la gente termina siendo víctima de engaños aprovechando esa necesidad. Por eso es fundamental que la investigación avance y determine todas las responsabilidades”, concluyó.