Ushuaia 31 de mayo 2026.- La condena contra el dirigente sindical Carlos Córdoba sacudió al ámbito gremial fueguino y quedó inscripta como uno de los fallos judiciales de mayor repercusión de los últimos años en la provincia. Durante décadas, Córdoba fue una de las figuras más influyentes del sindicalismo estatal, con fuerte presencia tanto en la conducción de ATE Ushuaia como en la estructura provincial del gremio.
La causa judicial investigó 22 hechos de estafa vinculados al proyecto de 128 viviendas sociales que ATE impulsó en el sector Barrancas del Río Pipo. De acuerdo con lo expuesto durante el juicio oral, numerosas personas entregaron dinero, vehículos, cheques y otros bienes a cambio de promesas de adjudicación de viviendas que finalmente no se concretaron por las vías legales correspondientes.
Durante el proceso, la Justicia analizó una extensa cantidad de documentación y escuchó el testimonio de más de veinte personas. Según la acusación, las maniobras investigadas habrían aprovechado la necesidad habitacional de familias fueguinas para obtener beneficios económicos mediante mecanismos irregulares vinculados al emprendimiento habitacional.
Uno de los aspectos más relevantes del fallo fue la severidad de la pena impuesta. La Fiscalía había solicitado cuatro años de prisión para Carlos Córdoba y Miguel Aranda, mientras que para Eric Moscoso Panozo había requerido la absolución por el beneficio de la duda. Sin embargo, el Tribunal resolvió avanzar con una condena más gravosa y dictó cinco años de prisión efectiva para Córdoba y Aranda.
Tras conocerse el veredicto, una de las imágenes que marcó la jornada fue la detención inmediata de Córdoba y su posterior traslado por orden judicial, una escena de fuerte impacto político y sindical teniendo en cuenta la trayectoria y el nivel de influencia que mantuvo durante años dentro del ámbito estatal fueguino.
El expediente también volvió a poner en debate los mecanismos de control sobre los planes habitacionales y las relaciones de poder construidas alrededor de la adjudicación de viviendas sociales. La investigación dejó expuestas interrogantes sobre las responsabilidades institucionales, los controles existentes y las condiciones que permitieron el desarrollo de las maniobras denunciadas por los damnificados.
La sentencia abre además un escenario de incertidumbre dentro de ATE Ushuaia, organización donde Córdoba ejerció durante años una conducción con amplio peso político y capacidad de negociación frente al Estado provincial y municipal.
Con este fallo, la causa de las 128 viviendas de Río Pipo se consolida como uno de los casos judiciales más significativos vinculados al sindicalismo fueguino. La resolución judicial marca un precedente de alto impacto institucional y representa el cierre de un proceso que tuvo como eje las denuncias de familias que buscaban acceder a una vivienda y terminaron involucradas en una trama que la Justicia consideró constitutiva de estafas reiteradas.
