13Ushuaia 19 de mayo 2026.- El abogado constitucionalista Federico Rauch expresó su “marcada preocupación” por el conflicto institucional que atraviesa Tierra del Fuego y cuestionó duramente la reciente actuación del Consejo de la Magistratura frente al Superior Tribunal de Justicia, al considerar que se trata de una situación “absolutamente insólita” y “fuera de las reglas de juego” previstas por la Constitución provincial.

En declaraciones al programa El Cronista Urbano, Rauch sostuvo que el escenario actual refleja un “paulatino deterioro” del sistema republicano y del equilibrio entre poderes en la provincia.

“Estamos perdiendo la República, estamos perdiendo la democracia. La democracia se basa, entre otras cosas, en que los funcionarios públicos sean idóneos y no amigos de alguien”, afirmó. El letrado hizo referencia a la acordada mediante la cual el Consejo de la Magistratura emplazó al Superior Tribunal de Justicia a revertir la decisión de no designar a una funcionaria judicial propuesta para un juzgado de Familia.

Según Rauch, el Consejo fue concebido en la Constitución de 1991 como un órgano administrativo encargado de seleccionar y proponer magistrados, pero no con facultades para “dar órdenes” al máximo órgano judicial de la provincia. “No es posible que un órgano de esta naturaleza pretenda emplazar o darle un plazo al Poder Judicial para que haga o deje de hacer algo. Eso es sumamente delicado y peligroso”, señaló.

En ese sentido, cuestionó especialmente la situación de la jueza Edith Cristiano, integrante del Superior Tribunal de Justicia y actual presidenta del Consejo de la Magistratura, quien firmó la acordada en cuestión. “No solo firma la acordada, sino que además preside el cuerpo. Eso es un indicio concreto de una situación que debe resolverse de manera clara”, remarcó.

Rauch también defendió la postura asumida por el Superior Tribunal al rechazar la designación, al considerar que la Constitución exige idoneidad técnica para acceder a cargos judiciales. “Los juzgados de familia son extremadamente delicados y requieren gran capacidad e idoneidad. La Constitución fueguina hizo especial hincapié en que los funcionarios públicos deben ser idóneos y estar alejados de la política”, sostuvo.

Durante la entrevista, el abogado repasó antecedentes históricos vinculados a la creación del Consejo de la Magistratura y afirmó que nunca existió la intención de otorgarle al organismo la última palabra en la designación de jueces. Incluso aseguró haber revisado nuevamente los diarios de sesiones de la Convención Constituyente de 1991 y de la sanción de la Ley 8, concluyendo que “no hay ninguna mención” que respalde la interpretación actual del Consejo.

Desde el punto de vista jurídico, Rauch consideró que la acordada “es nula de nulidad absoluta” porque, según su criterio, el Consejo no tiene atribuciones para avanzar de esa manera y además la resolución carece de fundamentos suficientes.“No existe absolutamente para nada, no tiene ningún efecto”, afirmó.

También advirtió sobre posibles responsabilidades institucionales, civiles y penales de los consejeros firmantes, aunque aclaró que espera que el conflicto no escale. “No creo que la sangre deba llegar al río. Espero que encuentren el camino de la razonabilidad”, expresó.

Finalmente, Rauch vinculó esta crisis institucional con el contexto político y económico que atraviesa la provincia, marcado por discusiones sobre la reforma constitucional y la situación social de los fueguinos. “Mientras ocurren estas peleas de poder, la gente no llega a fin de mes, teme perder beneficios como la zona fría y enfrenta problemas laborales y económicos”, indicó.

Sobre el cierre de la entrevista dejó una frase que sintetizó su mirada sobre el momento institucional de Tierra del Fuego “Hay que respetar las reglas, porque si no van a chocar la calesita”.