Ushuaia 18 de mayo 2026.- El juicio oral por las presuntas estafas con viviendas sociales de ATE en el barrio Barrancas del Río Pipo comenzó este lunes en Ushuaia con una jornada cargada de tensión política y judicial, atravesada por fuertes acusaciones y revelaciones inesperadas.
Miguel Ángel Arana, uno de los imputados en la causa, apuntó directamente contra el secretario general de ATE Ushuaia, Carlos Córdoba, al declarar ante el Tribunal que el dinero recibido en las operaciones investigadas “era para él”.
La audiencia se desarrolló ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur, integrado por los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla, mientras que la acusación es impulsada por el fiscal Daniel Curtale.
Antes de las indagatorias, la defensa de Córdoba intentó plantear una nulidad, aunque el pedido fue rechazado por el Tribunal. Tras esa resolución, el dirigente sindical optó por no declarar.
La situación cambió con la exposición de Arana, señalado como el responsable operativo del área de Vivienda de ATE. En su declaración aseguró que Córdoba le pedía viviendas para personas que no estaban afiliadas al gremio y sostuvo que él solo actuaba como intermediario.
Arana también reconoció haber trasladado dinero relacionado con las maniobras investigadas hasta el domicilio del titular de ATE Ushuaia. Según afirmó, entregó fondos correspondientes a “siete o nueve viviendas” y en ocasiones desconocía los montos porque los paquetes llegaban cerrados.
Además, negó haber tenido control sobre las gestiones administrativas vinculadas al Instituto Provincial de la Vivienda y aseguró haber sufrido amenazas y agresiones físicas durante el avance de la causa.
Uno de los momentos más impactantes de la audiencia se produjo cuando Arana puso en duda la versión oficial sobre la muerte de Daniel Alberto Belbey, quien apareció ahorcado en 2018 en una tribuna del estadio municipal de Ushuaia, en medio del avance de la investigación.
Durante la jornada también se reprodujo un video grabado por el propio Arana en una reunión interna de ATE, donde afiliados reclamaban explicaciones a Córdoba por las adjudicaciones de viviendas.
La causa investiga 22 hechos de presuntas estafas reiteradas y administración fraudulenta vinculadas a viviendas sociales que, según la acusación fiscal, habrían sido entregadas irregularmente a cambio de dinero, vehículos, cheques y otros bienes.
Además de Córdoba y Arana, también es juzgado Erik Enrique Moscoso Panozo por presunto lavado de activos. El debate continuará con la declaración de testigos y la incorporación de prueba documental, en un proceso para el que fueron convocadas cerca de 90 personas.
