Ushuaia 18 de mayo 2026.- La Mesa de Trabajo Interbarrial de Usuarios de GLP de Tierra del Fuego expresó un duro rechazo a las modificaciones impulsadas por el Gobierno provincial sobre el régimen de subsidios al gas envasado y reclamó la derogación de los decretos 2112/25 y 505/26, al considerar que consolidan un “ajuste estructural” sobre las familias fueguinas.

A través de un comunicado difundido este fin de semana, los vecinos cuestionaron las declaraciones oficiales respecto a que “a ninguna familia que lo necesita se le va a recortar” el beneficio y sostuvieron que la reducción de 50 kilos en el abastecimiento “ya se encuentra vigente” desde la aplicación del Decreto 2112/25.

“El nuevo anuncio del Gobierno no hace más que ratificar y profundizar de forma permanente la quita de los 50 kilos históricos”, afirmaron.

Además, denunciaron que el Ejecutivo provincial avanzó con medidas “unilaterales” sin una instancia de diálogo real con los sectores afectados. En ese sentido, remarcaron que la Mesa Interbarrial fue conformada el pasado 6 de mayo con la participación de más de 300 vecinos y acusaron al Gobierno de convocar de manera “selectiva” a algunos usuarios, desconociendo la representación colectiva constituida.

“Llamar a vecinos de forma selectiva no es un camino de diálogo leal ni sincero con una comunidad organizada”, señalaron.

Otro de los puntos cuestionados fue la incorporación de criterios considerados “ambiguos y discrecionales” para acceder al subsidio. Particularmente, los vecinos apuntaron contra el concepto de “casas de lujo”, incluido en los anuncios oficiales, y advirtieron que podría derivar en decisiones arbitrarias.

“Un usuario con ingresos bajos podría perder el subsidio simplemente porque un funcionario considere discrecionalmente que vive en una ‘casa de lujo’”, sostuvieron.

En el documento también manifestaron preocupación por la “inseguridad jurídica” que genera el esquema actual, al depender de decretos modificables por decisión del gobierno de turno.

“No podemos vivir a merced de un decreto”, remarcaron.

Respecto al Decreto 505/26, cuestionaron la falta de precisiones técnicas sobre conceptos como “mayor nivel de urbanización”, “servicios básicos existentes” o “implantación definitiva”, señalando que no existen límites geográficos ni parámetros claros de habitabilidad.

Asimismo, rechazaron la alternativa crediticia impulsada a través del Banco Tierra del Fuego para financiar conexiones domiciliarias a la red de gas natural. Según indicaron, el costo actual de una conexión supera ampliamente los 12 millones de pesos, mientras que el Estado solo subsidia una parte de la tasa de interés.

“La enorme mayoría de las familias usuarias son insolventes para acceder a un crédito bancario”, afirmaron.

En el plano técnico, los vecinos consideraron “inviable” avanzar con obras de conexión domiciliaria durante el invierno fueguino y reclamaron que cualquier transición hacia la red de gas natural se realice una vez finalizada la temporada de frío y deshielo.

Finalmente, la Mesa Interbarrial pidió abrir una instancia de trabajo conjunta con el Ejecutivo provincial y avanzar en una solución “consensuada, definitiva y aplicable”.

“La calefacción para los fueguinos no es un lujo, es un derecho humano”, concluyeron.