Ushuaia 20 de abril 2026.- La abogada Griselda Engelhard brindó detalles en El Cronista Urbano sobre una compleja causa judicial que investiga una presunta estafa vinculada a la venta irregular de terrenos en Ushuaia. Según explicó, el caso involucra a al menos 20 a 26 familias que habrían entregado sumas millonarias —entre 20 y 30 millones de pesos cada una— en la creencia de acceder a una vivienda propia.

“Estamos ante una situación muy compleja, con familias en estado de vulnerabilidad que hicieron un enorme esfuerzo económico. Muchos vendieron su único vehículo o tomaron préstamos para poder ingresar a esta operatoria”, señaló Engelhard.

La letrada remarcó que el contexto de crisis habitacional en la provincia, sumado a las dificultades para acceder a alquileres, genera el caldo de cultivo para este tipo de maniobras. “El problema de la vivienda y de los alquileres en la provincia es estructural, y eso empuja a muchas personas a tomar decisiones desesperadas”, advirtió.

Investigación en curso

Engelhard explicó que las causas —ya que no se trata de un solo expediente— se encuentran en etapa de instrucción con requerimiento fiscal, lo que implica que la Justicia consideró que existen elementos suficientes para investigar la posible comisión de delitos.

“Esto significa que el fiscal entendió que hay motivos para sospechar que el hecho existió y habilitó la investigación. No todas las denuncias llegan a esta instancia, por eso es importante”, aclaró.

En paralelo, las víctimas buscan constituirse como querellantes para tener acceso directo al expediente y aportar pruebas. Además, la abogada impulsa la figura del actor civil dentro del proceso penal, con el objetivo de lograr una eventual reparación económica. “La idea es que, si las condiciones lo permiten, se pueda recuperar el dinero perdido”, indicó.

Cómo operaba la maniobra

De acuerdo al relato de Engelhard, el principal denunciado no es corredor inmobiliario ni martillero matriculado, y utilizaba redes sociales —principalmente Marketplace— para ofrecer los terrenos. Luego, el contacto continuaba por WhatsApp y las operaciones se concretaban en encuentros personales.

“Las personas entregaban el dinero en efectivo en su domicilio, lo que generaba una falsa sensación de confianza”, explicó.

Incluso, detalló que en algunos casos se aceptaban vehículos como parte de pago, mediante la firma de formularios en blanco. “Esos vehículos luego eran transferidos a terceros sin que el denunciado figurara en los registros”, agregó.

La abogada también advirtió que los terrenos ofrecidos serían tierras fiscales, es decir, propiedades del Estado municipal que no pueden ser comercializadas. “Estamos ante un posible caso de estelionato, que es vender un bien ajeno como propio”, precisó.

Amenazas y medidas de protección

Uno de los aspectos más delicados del caso tiene que ver con las situaciones de amedrentamiento denunciadas por la letrada. Engelhard relató que uno de los acusados se presentó en su estudio jurídico junto a otra persona simulando una consulta, lo que derivó en un episodio de tensión.

A esto se sumaron contactos posteriores con uno de sus clientes para “charlar”, incluso luego de que los involucrados ya estuvieran denunciados formalmente.

“Esto generó una situación muy incómoda y preocupante. Por eso realizamos las denuncias correspondientes”, afirmó.

Como consecuencia, la Justicia dispuso medidas de protección, entre ellas rondas policiales en el estudio jurídico, domicilios particulares y viviendas de los denunciantes. “Las medidas están vigentes y probablemente se extiendan en el tiempo”, indicó.

Advertencias a la población

Engelhard hizo especial hincapié en la necesidad de prevenir este tipo de estafas y recomendó extremar los controles antes de realizar cualquier operación inmobiliaria.

“Hay que desconfiar de publicaciones en redes sociales como canal principal de venta. También es fundamental verificar en la Municipalidad quién es el titular del terreno y operar siempre a través de profesionales matriculados”, sostuvo.

En ese sentido, alertó sobre la existencia de inmobiliarias clandestinas en la ciudad. “Hay oficinas abiertas que no cuentan con matrícula o trabajan con figuras inexistentes como ‘gestores inmobiliarios’. Eso no está avalado por la ley”, afirmó.

Finalmente, la abogada remarcó que continuará impulsando la causa hasta las últimas consecuencias. “Las denuncias protegen. Hay que hacerlas, confiar en la Justicia y seguir adelante. Nunca dejo una causa a mitad de camino”, concluyó.