Ushuaia 15 de abril 2026.- La trabajadora de OSEF, Elvia Agüero, aseguró que la Justicia comenzó a avanzar en la investigación sobre la obra social provincial y consideró que “llegó la hora de rendir cuentas” tras varios años de denuncias. En declaraciones a Radio Provincia, señaló que recientemente se solicitó información clave vinculada a los fondos específicos del organismo.

Agüero explicó que el requerimiento judicial se enmarca en la denuncia original del fiscal de Estado, presentada en febrero y ampliada en marzo, y que apunta a analizar el manejo de recursos. “Empezaron a pedir documentación y expedientes. Era hora de que la presidenta dé explicaciones por las decisiones que tomó en estos casi siete años”, sostuvo.

En ese contexto, cuestionó la demora en las respuestas institucionales y remarcó que la situación de los afiliados es crítica. “No sé si es para estar contentos, porque los afiliados la están pasando muy mal. Pero era necesario que esto empiece”, afirmó.

La trabajadora también apuntó contra la conducción de la obra social, al señalar que no hubo cambios en la gestión pese al deterioro del sistema. Según indicó, el problema no radica únicamente en la falta de recursos, sino en decisiones administrativas que, a su entender, agravaron la crisis. “Siempre se dijo que faltaba plata, pero nunca se discutió cómo mejorar compras o convenios. Hoy vemos las consecuencias”, expresó.

Entre las principales críticas, Agüero mencionó el financiamiento otorgado a organismos públicos deudores en un contexto de fuerte déficit. Detalló que se firmaron acuerdos por miles de millones de pesos en cuotas y con tasas bajas, mientras la obra social acumula deudas con prestadores y proveedores. “Se financia al Estado mientras la obra social no puede pagar y los afiliados no reciben prestaciones como corresponde”, cuestionó.

Además, denunció que los trabajadores y afiliados deben afrontar costos adicionales ante la falta de cobertura plena, con farmacias que no cubren el 100% de medicamentos y prestaciones cada vez más limitadas.

 

Agüero también alertó sobre situaciones edilicias y operativas críticas, como delegaciones cerradas por problemas de infraestructura y servicios interrumpidos, lo que profundiza las dificultades de acceso para los afiliados.

Finalmente, sostuvo que el planteo del fiscal de Estado sobre una posible “administración fraudulenta” refleja lo que, según dijo, vienen denunciando desde hace años. “Es duro, pero es lo que pasó. Ahora la Justicia tendrá que investigar y determinar responsabilidades”, concluyó.