Ushuaia 13 de abril 2026.- Cuando yo era chico, ser de ultraderecha significaba ser nazi. O algo muy parecido: alguien que admiraba a Hitler, que negaba el Holocausto, que soñaba con limpiezas étnicas. Era una categoría de horror absoluto, reservada para los monstruos de los libros de historia. Arendt nos enseñó que el mal totalitario rara vez tiene cara de monstruo — pero eso no significa que cualquier rostro sea el suyo. Hoy esa misma etiqueta se usa para señalar a economistas liberales, conservadores religiosos y votantes hartos del statu quo. El concepto no cambió porque el mundo se haya llenado de nazis. Cambió porque la inflación semántica tiene sus propios incentivos políticos.

La pregunta entonces es inevitable: ¿quién decide dónde termina la disidencia legítima y empieza el fascismo? Si la respuesta la tienen únicamente quienes acusan, algo importante en la convivencia democrática se rompe.

Vale la pena detenerse un momento en los conceptos, porque las diferencias importan. Cas Mudde lleva décadas insistiendo en una distinción vital: la «extrema derecha» es antidemocrática y busca destruir el sistema desde fuera; la «derecha radical populista» opera dentro de las reglas, aunque tensione los elementos liberales. Junto a estas categorías, pero sin confundirse con ellas, conviven el conservadurismo, el liberalismo clásico y el libertarianismo: tradiciones con raíces propias que, en muchos casos, han sido la antítesis directa del fascismo.

Sin embargo, en el etiquetado cotidiano, la precisión conceptual escasea. Vox, Macri, Milei, Lacalle Pou, Kast o Meloni terminan habitando la misma categoría. Como advirtió George Orwell en 1944, la palabra «fascismo» corre el riesgo de perder su significado para convertirse apenas en un sinónimo de «algo no deseable». Ochenta años después, el diagnóstico de Giovanni Sartori sobre el «estiramiento conceptual» parece confirmarse: cuando un concepto se dilata para cubrirlo todo, se vaporiza. Si tildamos de «extrema derecha» tanto a los camisas negras fascistas como a un programa de ajuste fiscal, el lenguaje deja de ayudarnos a distinguir realidades diferentes.Este agotamiento semántico se refugia a menudo en una lectura parcial de la «paradoja de la tolerancia» de Karl Popper. Se suele citar su advertencia sobre los riesgos de la tolerancia ilimitada, pero se omite su conclusión: «Mientras podamos contrarrestar las filosofías intolerantes mediante el argumento racional, la supresión sería lo más imprudente». El umbral de Popper no era la discrepancia ideológica en el parlamento, sino el recurso a la violencia física.

El caso argentino es un buen laboratorio de este fenómeno para el análisis. La etiqueta «ultraderecha» para definir a Javier Milei genera cortocircuitos lógicos: ¿cómo encaja en esa familia alguien que defiende el matrimonio igualitario, abraza al judaísmo con fuerza, o que carece del «nativismo» —el rechazo al extranjero— que define a la ultraderecha europea? Es el problema de forzar las categorías ideológicas.

Detrás del etiquetado totalizante hay claramente una estrategia electoral: si toda la centroderecha es «ultra», el votante moderado que no se identifica con el extremismo no tiene más opción que correrse hacia el centroizquierda. Es una estrategia de movilización por miedo, no por propuesta.

 

Pero más allá de estos cálculos, el riesgo más profundo es que se silencien las alarmas democráticas. En la Alemania de Weimar, la izquierda comunista llegó a llamar «social-fascistas» a los propios socialdemócratas. Cuando llegó el peligro real, la palabra que debía nombrarlo estaba gastada.

Gritar «¡Viene el lobo!» ante cualquier disidencia no es solo una estrategia de corto alcance. Es un desgaste de nuestra capacidad colectiva para reconocer el autoritarismo real cuando se presenta. En un mundo de incertidumbres, la precisión del lenguaje quizás no sea un lujo académico, sino la última línea de defensa de la convivencia plural.