Ushuaia 30 de marzo 2026.- Un dictamen de la Fiscalía de Estado encendió una nueva alarma sobre la situación ambiental en el sector del Glaciar Martial, al confirmar alteraciones en la calidad del agua del arroyo Buena Esperanza —una de las principales fuentes de abastecimiento de la ciudad— y advertir sobre deficiencias en los mecanismos de control estatal frente al avance de obras en la zona.
El documento se originó a partir de una denuncia presentada por la asociación ambientalista Manekenk, que alertó sobre posibles irregularidades en el desarrollo del proyecto denominado “Parque Glaciar Martial”. Tras el análisis de informes técnicos de distintos organismos, la Fiscalía concluyó que existieron modificaciones en la turbiedad del agua que afectaron el proceso de potabilización, obligando incluso a la DPOSS a adoptar medidas extraordinarias para garantizar el suministro.
Si bien el dictamen no establece de manera categórica una relación causal directa, sí reconoce la existencia de un vínculo entre las obras ejecutadas y el deterioro observado en el curso de agua, señalando además que este tipo de eventos no resultaron aislados, sino que se registraron de manera reiterada y con mayor intensidad que en períodos anteriores.
En ese contexto, uno de los puntos más sensibles del informe refiere a las irregularidades detectadas durante la ejecución de los trabajos. Entre ellas, se mencionan excavaciones sin autorización, modificaciones en cursos naturales de agua, circulación de maquinaria sobre arroyos y el aporte de sedimentos, además de incumplimientos parciales de las medidas ambientales exigidas.
Más allá de la responsabilidad de las empresas intervinientes, el dictamen pone el foco en el rol del Estado provincial. Si bien reconoce que existieron instancias de control e intimaciones, advierte que estas no fueron suficientes ni sostenidas en el tiempo. En particular, cuestiona la falta de apertura de sumarios administrativos ante situaciones que lo ameritaban, lo que evidencia —según el documento— una debilidad en la aplicación del principio preventivo en materia ambiental.
Asimismo, la Fiscalía remarca que las falencias en el control podrían derivar en responsabilidades para los funcionarios intervinientes, en caso de comprobarse daños al ambiente o afectaciones al servicio público de agua potable.
Como conclusión, el organismo recomienda avanzar en la regularización de los procedimientos de fiscalización y en la adopción de medidas administrativas más firmes, incluyendo la eventual apertura de sumarios, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y evitar nuevos episodios de impacto ambiental.
El dictamen deja planteado un escenario de preocupación creciente en torno al equilibrio entre desarrollo turístico y preservación de recursos estratégicos, como el agua. En ese sentido, advierte que cualquier iniciativa en áreas sensibles debe ajustarse estrictamente a los controles ambientales, subrayando que el crecimiento no puede sostenerse a costa de comprometer bienes esenciales para la comunidad.
