Ushuaia 19 de marzo 2026.- El abogado Dr. Raúl Aciar se refirió al conflicto judicial por la intervención del puerto y sostuvo que la causa debe tramitarse directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al tiempo que cuestionó tanto el accionar del Gobierno provincial como el rol del fiscal de Estado.
En declaraciones al programa El Cronista Urbano, Aciar explicó que el procurador general de la Nación ya dictaminó que la Corte es competente para intervenir en el caso, al tratarse de un litigio entre una provincia y el Estado nacional. “Cuando hay una disputa de este tipo, no puede resolver ni la justicia provincial ni la federal local. Por eso la Constitución establece que debe actuar la Corte en competencia originaria”, indicó.
El letrado detalló que esto implica que el proceso “empieza y termina en la Corte”, sin pasar por instancias inferiores, y que también le corresponde resolver las medidas cautelares vinculadas al expediente.
En ese marco, Aciar consideró que el segundo planteo judicial impulsado por autoridades del puerto “no tiene sentido”, ya que se trata de un reclamo con las mismas partes y el mismo objeto. “Lo que va a ocurrir es la acumulación de procesos: todo se unifica y habrá una sola sentencia”, explicó, al calificar esa estrategia como “estéril”.
Críticas por el rol del fiscal de Estado
Uno de los puntos más críticos de su análisis apuntó al accionar del fiscal de Estado. Aciar recordó que, según la Constitución provincial, este organismo tiene la obligación de intervenir en todos los asuntos de interés de la provincia.
“Debe actuar, no es opcional”, remarcó, y cuestionó que se haya excusado junto a todo su equipo. “Las excusaciones son personales, no se puede excusar todo un órgano”, advirtió.
Además, señaló que el Gobierno habría iniciado la demanda sin dar intervención al fiscal, lo que calificó como “una desprolijidad” desde el punto de vista jurídico. “Es tan cuestionable que el Ejecutivo haya iniciado la causa sin el fiscal de Estado como que el fiscal no intervenga una vez que tomó conocimiento”, sostuvo.
Una oportunidad desaprovechada
Aciar también planteó que, una vez que se definió que la competencia era de la Corte, existía una alternativa más adecuada: desistir de la causa y reiniciarla correctamente.
“Se podría haber dejado sin efecto el juicio y presentarlo nuevamente ante la Corte, con la participación del fiscal de Estado como corresponde. No tenía costo jurídico, solo implicaba perder tiempo, pero ordenar el proceso”, explicó.
“La provincia quedó mal defendida”
Finalmente, el abogado advirtió sobre las consecuencias institucionales de estas decisiones y expresó su preocupación por la falta de coordinación entre los actores involucrados.
“La Constitución es clara. Si quienes deben actuar no se ponen de acuerdo, el resultado es que la provincia queda mal defendida”, afirmó.
Y concluyó con una crítica de fondo: “La provincia no se merece esto. Más allá de las diferencias, hay que cumplir con lo que manda la Constitución y actuar de manera conjunta en defensa de los intereses públicos”.
