Ushuaia 12 de febrero 2026.- La vicegobernadora Mónica Urquiza defendió el acuerdo con los trabajadores portuarios al señalar que el objetivo principal es garantizar el cobro de haberes y dar tranquilidad a las familias, en un contexto donde muchos empleados no pueden ingresar a sus puestos habituales tras la intervención del puerto de Ushuaia.
En declaraciones a FM Ushuaia, Urquiza reiteró que el Ejecutivo provincial considera “ilegal e inconstitucional” la intervención dispuesta por la Administración General de Puertos y cuestionó la falta de un plan claro por parte de las autoridades nacionales. Según relató, durante el primer contacto, los interventores admitieron no contar con una hoja de ruta definida.
También denunció intentos de avanzar sobre bienes y recursos provinciales, situación que —afirmó— quedó asentada en actas notariales, y remarcó que la administración del puerto y sus cuentas están bajo control del Tribunal de Cuentas provincial.
La vicegobernadora cuestionó además los fundamentos técnicos de la intervención, basados en una inspección breve, y sostuvo que los informes provinciales de respuesta no fueron considerados. Advirtió que la medida ya generó incertidumbre en empresas que operan en el puerto y alertó sobre el impacto negativo en la confianza y la institucionalidad.
Finalmente, defendió la gestión provincial al recordar que el puerto de Ushuaia tuvo en 2025 operaciones exitosas con el sector privado y recibió reconocimiento internacional, y advirtió que la intervención pone en riesgo ese posicionamiento.
