Ushuaia 10 de febrero 2026.- Tierra del Fuego cuenta con leyes, estudios técnicos y reconocimiento oficial del perro asilvestrado como especie exótica invasora. Sin embargo, el problema sigue creciendo sin una política pública efectiva que lo enfrente en el territorio.
El Estado provincial sabe cuántos perros hay, dónde se desplazan y cómo se reproducen, pero esa información no se traduce en brigadas permanentes, planes de captura sostenidos ni resultados medibles. La respuesta oficial continúa centrada en diagnósticos, mientras la expansión de las jaurías avanza sin control.
Según estimaciones científicas, la población de perros de vida libre supera los 25.000 ejemplares, pero las acciones estatales concretas son mínimas frente a una tasa de reproducción acelerada. La consecuencia es clara: el campo queda como única línea de defensa, con productores que deben asumir con recursos propios una responsabilidad que corresponde al Estado.
El ataque a la Escuela Agrotécnica Salesiana, con más de 100 animales muertos en una noche, dejó al descubierto años de inacción. No fue un hecho aislado, sino el resultado de un modelo reactivo que llega siempre después del daño.
El problema no es la falta de leyes ni de informes. El problema es político: falta decisión para ejecutar, sostener y asumir el costo de una política de control real. Mientras tanto, la Provincia acumula diagnósticos y el territorio sigue pagando las consecuencias.
