Ushuaia 04 de octubre 2025.- La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego tramita el expediente Nº 68/25, caratulado “S/Supuestas irregularidades en la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario y Compensadora para el Personal Policial del ex Territorio”, a partir de numerosas denuncias de agentes retirados que advierten un grave desfinanciamiento y falta de transparencia en la entidad.

Según surge del dictamen F.E. Nº 13/2025 y las resoluciones F.E. Nº 76/2025 y 77/2025, los jubilados denuncian que la Caja no abonó en tiempo y forma el haber compensatorio de julio ni el medio aguinaldo, situación que en algunos casos se extendió también a agosto. Además, critican que la Resolución RES-DIR-148/2025, dictada por el Directorio, estableció un orden de prelación de pagos que prioriza primero a los propios funcionarios y luego al personal retirado de la policía y el servicio penitenciario provincial, relegando al personal del ex Territorio Nacional.

Entre los planteos, se destacan cuestionamientos a la gestión del Directorio asumido en julio de 2024, al que se acusa de no haber adoptado medidas para evitar la crisis, y la referencia a casos emblemáticos de mala administración de activos, como el edificio de Av. San Martín 590 (donde funcionó el Hard Rock Café Ushuaia, con una demanda millonaria en dólares), el fideicomiso Altos del Michi en Tolhuin y el Altos de la Patagonia en Río Grande, ambos con procesos judiciales en curso.Los denunciantes remarcan que la falta de pago afecta gravemente a retirados de origen territorial, muchos de los cuales dependen de este ingreso como sustento principal. Incluso advierten que la situación coloca a personal de mediana jerarquía “al límite de la indigencia”.

Por su parte, el Presidente de la Caja reconoció en un informe remitido a la Fiscalía que el organismo atraviesa un “desequilibrio estructural y falta de liquidez”, lo que motivó la reprogramación de pagos. Aseguró que se optó por priorizar a los beneficiarios provinciales cuyos haberes tienen “carácter alimentario”, mientras que los retirados territoriales cuentan con ingresos complementados por la Nación. Asimismo, informó que se están gestionando ventas y locaciones de inmuebles, negociaciones con el Gobierno provincial para adelantos de fondos y una auditoría interna para optimizar la gestión.

No obstante, la Fiscalía advirtió que los problemas son de carácter estructural y arrastran deficiencias históricas. Recordó que ya en dictámenes de 2001 se habían señalado falencias graves en el diseño del régimen previsional fueguino, con beneficios diferenciales insostenibles y edad de retiro temprana en relación con la expectativa de vida, lo que compromete las finanzas del sistema.

El Tribunal de Cuentas también intervino recientemente con la Resolución Plenaria Nº 144/25, intimando a la Caja a regularizar la situación de sus bienes, formular planes de inversión y reglamentar la Ley 834 en materia de activos e inversiones, bajo apercibimiento de sanciones.Actualmente, múltiples jubilados iniciaron acciones de amparo para reclamar el pago íntegro y regular de sus haberes, mientras la Justicia analiza la validez de la resolución que reprogramó los pagos.

En este contexto, la Fiscalía de Estado concluyó que, más allá de las medidas coyunturales, resulta imprescindible que las autoridades de la Caja impulsen de manera urgente una reforma previsional de fondo que garantice la sostenibilidad del sistema y el cumplimiento de los derechos de los afiliados.