Ushuaia 12 de agosto 2025.- La representante de personas con discapacidad, María José Pazos, advirtió sobre un “grave retroceso” en los derechos del sector y señaló que los problemas estructurales persisten desde hace más de una década sin que los distintos gobiernos provinciales y nacionales den respuestas efectivas.

Pazos recordó que en Tierra del Fuego existen unas 5.800 personas con certificado de discapacidad, pero menos de 2.000 familias acceden al Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE). “Más allá de los montos, las problemáticas que nos atraviesan son las mismas: acceso a salud, educación, trabajo, vivienda y justicia. Sin importar si la pensión es nacional o provincial, las necesidades son idénticas”, sostuvo.

La referente cuestionó que, pese a que la provincia adhirió a la Ley Nacional 24.901 de prestaciones básicas para personas con discapacidad, “hace muchísimos años que no se cumple”. Enumeró como ejemplos la interrupción de servicios de prestadores, la baja de coberturas de medicamentos, la burocratización del acceso a terapias y tratamientos, y la falta de transporte adaptado.

Uno de los puntos que más preocupa es la “fuga de profesionales” por bajos salarios y malas condiciones laborales. “La única psiquiatra infantil juvenil que había en Ushuaia se fue del país. En salud mental dicen que van a inaugurar centros, pero no hay especialistas para atender la demanda. Terminamos con edificios majestuosos y listas de espera de un año”, advirtió.

Pazos también denunció que muchas familias atraviesan situaciones de agotamiento extremo por la falta de apoyo estatal. “El cuidado de una persona con discapacidad es 24/7 y el Estado, con suerte, cubre unas horas al día. A la noche nos acostamos con la misma pregunta: ¿qué va a pasar con nuestros hijos cuando no estemos?”, expresó.

Según indicó, la ausencia de un sistema integral que garantice la continuidad de cuidados empuja a las familias a sobrecargas emocionales y económicas, que en casos extremos pueden derivar en tragedias. “La ley también prevé que los familiares tengamos atención psicológica y psiquiátrica, pero no tenemos acceso a profesionales especializados en discapacidad”, señaló.

 

En el ámbito educativo, mencionó problemas de vacantes en instituciones como el CAAD y la falta de transporte adaptado que impide la escolarización y socialización de estudiantes con movilidad reducida. “Cuando las combis no funcionan, los chicos directamente no pueden ir a la escuela”, ejemplificó.

Finalmente, Pazos cuestionó que en cada cambio en la Ley de Ministerios se recortan recursos para discapacidad y reclamó que esta perspectiva sea transversal en todas las áreas de gobierno con un presupuesto específico. “Lo mínimo para una vida digna está en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad: salud, educación, vivienda, trabajo y justicia. No se trata de privilegios, sino de derechos que el Estado tiene la obligación de garantizar”, concluyó.