Ushuaia 14 de julio 2025.- El abogado Jorge Pintos se refirió con dureza en El Cronista Urbano a las causas que involucran al camarista José Leonelli y al empresario de seguros Martínez Sosa, y cuestionó la falta de profundidad en las investigaciones judiciales llevadas adelante en Tierra del Fuego.
Sobre el caso Leonelli, Pintos valoró que el fiscal Ballester-Bidau haya pedido la nulidad del fallo de Cámara y la recusación del juez Alejandro Fernández, por su vínculo societario con el magistrado imputado. Sin embargo, consideró que la fiscalía se quedó corta al no profundizar en otras posibles infracciones, como la violación de deberes de funcionario público, acceso indebido a sistemas judiciales y la falta de notificación a víctimas involucradas en las imágenes digitales que originaron la causa.
“El fiscal debió avanzar también sobre el artículo 248 del Código Penal y sobre la ley 27.372, que protege a las víctimas de delitos. No se notificó a ninguna de las personas que aparecen en esas fotos, que podrían haber sido menores en 2016 y hoy tener derecho a presentarse en la causa”, afirmó.
En ese contexto, también denunció que la participación de Fernández y Leonelli en un fideicomiso inmobiliario podría constituir una sociedad comercial prohibida por ley para los jueces, y sugirió investigar el origen de los fondos del emprendimiento, que podría derivar en una causa por lavado de dinero a nivel federal.
Investigación Seguros Martinez Sosa
Sobre la causa de los seguros que involucra a Martínez Sosa y al gobernador Gustavo Melella, Pintos recordó que presentó una denuncia en 2023 tras conocerse que el mandatario provincial desplazó al Banco de Tierra del Fuego como intermediario de seguros y colocó en su lugar al empresario, amigo del expresidente Alberto Fernández, quien está procesado por una maniobra similar a nivel nacional.
“Acá fue incluso más burdo que a nivel nacional. Se desarticuló una estructura institucional para beneficiar directamente a Martínez Sosa con millones en comisiones”, denunció. Pintos lamentó que esa causa haya sido cerrada sin investigación por la jueza María Barrionuevo y sin medidas probatorias básicas. “No se pidió ni un informe, nada. La justicia fueguina no investiga cuando hay funcionarios públicos involucrados”, cuestionó.
Advirtió además que el caso no está cerrado definitivamente, ya que el rechazo del requerimiento fiscal no causa estado y el delito no prescribe por tratarse de funcionarios públicos. Anunció que podría volver a presentar la denuncia tras la feria judicial o instar a que se reabra la investigación.
Finalmente, Pintos reclamó mayor compromiso del Poder Judicial provincial: “Parece que viven en una burbuja, ajenos a lo que pasa en la sociedad. El Ministerio Público debería actuar de oficio en estos casos evidentes. La impunidad no puede ser la regla cuando hay tanta evidencia pública”.
