Ushuaia 10 de julio 2025.- El Gobierno de la provincia formalizó el pasado martes la recusación del vocal del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto “Nene” Löffler, por dos causales que —a juicio del Ejecutivo— comprometen su imparcialidad para intervenir en las causas que cuestionan la validez del proceso de reforma constitucional impulsado por la gestión de Gustavo Melella.

La presentación fue realizada por el fiscal subrogante Antonio Petkos, con el patrocinio del abogado Emiliano Fossatto, y se basa en los incisos 7 y 10 del artículo 28 del Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la provincia. Las causales invocadas son el prejuzgamiento y la enemistad manifiesta.

Opiniones públicas que comprometerían su imparcialidad

Uno de los ejes centrales de la recusación es el supuesto adelanto de opinión por parte del magistrado. En ese sentido, el Ejecutivo provincial cuestiona declaraciones públicas realizadas por Löffler desde 2023, en las que se manifestó en contra de la modificación del texto constitucional.

Durante la presentación de su libro “La Constitución Fueguina comentada”, Löffler afirmó: “No soy partidario de reformar las constituciones cada 30 o 40 años. Las constituciones están hechas para durar. Lo que hay que hacer es cumplirlas y respetarlas”. En entrevistas radiales, incluso reforzó su postura: “No hay que tocar los textos constitucionales, especialmente en contextos de crisis, porque eso altera la esencia del pensamiento social”.

Para el Gobierno, estas manifestaciones configuran un prejuzgamiento incompatible con el rol judicial. En el escrito se señala que la propia Corte Suprema de la Nación ha sostenido que el principio de imparcialidad judicial es un pilar del debido proceso, y que adelantar opinión antes del tiempo procesal correspondiente es causal grave de recusación y hasta de enjuiciamiento.Demoras injustificadas y obstáculos procesales

La segunda causal señalada es la dilación deliberada de las causas “Lechman” y “Rossi”, que tramitan ante el Superior Tribunal de Justicia y cuestionan el proceso de reforma. Según el escrito, los expedientes estuvieron durante meses en la vocalía de Löffler, sin avances significativos, a pesar de los reiterados pedidos de pronta resolución.

Incluso se menciona que, luego de un pedido formal para extraer copias del expediente, el juez retuvo indebidamente la documentación, que fue “reaparecida” y devuelta recién el 27 de mayo pasado, según información de la Secretaría de Demandas Originarias.

Desde el Ejecutivo interpretan esta conducta como una maniobra obstruccionista orientada a frenar la concreción de la reforma.

Opacidad y restricciones al acceso

La recusación también denuncia otras prácticas procesales restrictivas atribuidas a Löffler, como la reserva injustificada del dictamen fiscal y la limitación del acceso electrónico al expediente. Según el escrito, estas acciones vulneran el principio de publicidad de los actos judiciales y afectan el derecho de defensa de las partes involucradas.

“La actuación del Dr. Löffler consolidó una dinámica procesal opaca, restrictiva y deliberadamente dilatoria, incompatible con el deber de imparcialidad”, sostiene el documento, y advierte que esta situación “pone en crisis la vigencia efectiva del Estado de Derecho”.“Se erosiona la confianza en las instituciones”

Para el Gobierno, la permanencia de Löffler en la causa compromete la transparencia y legitimidad del proceso judicial. “Su conducta no solo afecta la apariencia de imparcialidad, sino que erosiona la confianza pública en las instituciones y compromete la seguridad jurídica en un proceso de trascendencia institucional”, se afirma en la presentación.

En el tramo final, el escrito concluye que “el Vocal Dr. Ernesto Adrián Löffler ha incurrido de manera ostensible y reiterada en conductas que comprometen gravemente los principios de imparcialidad, objetividad e independencia judicial que deben regir su función”.

Ahora será el propio Superior Tribunal de Justicia quien deberá resolver la recusación, lo que podría generar un nuevo capítulo en la intensa disputa política e institucional en torno a la reforma constitucional fueguina.