Ushuaia 08 de julio 2025.- El abogado Jorge Pintos, especialista en derecho penal, advirtió sobre la gravedad institucional que atraviesa el Poder Judicial fueguino en el marco del escándalo que involucra al camarista Andrés Leonelli, imputado por tenencia de imágenes de abuso infantil, y sus vínculos comerciales con otros jueces. “Estamos frente a una caja de Pandora de negociados, encubrimientos y conflictos de interés inadmisibles”, señaló este martes en declaraciones radiales al programa El Cronista Urbano.

Las acusaciones más recientes apuntan a que Leonelli es socio del juez Alejandro Fernández —también camarista— en un fideicomiso inmobiliario que desarrolla un edificio de siete pisos en pleno centro de Ushuaia. Fernández votó recientemente en una causa a favor de su socio sin haberse excusado, lo que según Pintos representa “una falta gravísima que amerita un jury”.

“Lo que se está viendo es bochornoso. No solo se vulnera la ética judicial, sino que se expone una red de relaciones de poder que compromete la imparcialidad del sistema”, afirmó Pintos.

La escritura del fideicomiso “Edificio Glaciares”, ubicada en Gobernador Deloqui 995, deja al descubierto la sociedad comercial entre Fernández, Leonelli, la esposa del ex juez Javier De Gama Soler y Diego Leonelli, hermano del imputado. “No se trata simplemente de haber comprado un departamento en pozo, como minimizan algunos. Son socios en una inversión multimillonaria. ¿De dónde salió el dinero para un terreno que puede costar más de un millón de dólares?”, se preguntó Pintos.

Un teléfono, múltiples escándalos

El abogado también cuestionó la negativa de la Cámara de Apelaciones a permitir la apertura del teléfono secuestrado a Leonelli, cuyo peritaje había sido solicitado por el Ministerio Público Fiscal. “La pericia se hace mediante un sistema forense que copia el contenido sin que nadie lo vea. No hay violación de intimidad. Negarse a eso solo alimenta las sospechas”, advirtió.

Y fue más allá: “La resolución de Cámara está viciada. Si Fernández se hubiese excusado, como correspondía, no habría mayoría para impedir el peritaje. Esa resolución es nula”.

El rol del Superior Tribunal y las alertas de Google

Pintos también puso bajo la lupa la posible falta de acción del Superior Tribunal de Justicia ante una supuesta alerta enviada por Google sobre el material sensible en poder de Leonelli. “Es probable que la IP del Poder Judicial haya sido detectada por Google. Si eso ocurrió, debieron iniciar un sumario interno. Si el secretario Pashman recibió la alerta y no actuó, hay una responsabilidad institucional que debe investigarse de inmediato”, sostuvo.

Además, pidió la intervención del Colegio de Abogados de Ushuaia para evaluar la legalidad del rol del Dr. Ariznavarreta como defensor de Leonelli. “Si no pasaron cuatro años desde su jubilación como funcionario judicial, está legalmente inhabilitado para intervenir en causas penales. Es un detalle técnico, pero habla de cómo se están manejando las cosas en esta causa”, subrayó.

“Esto ya no es un caso aislado, es un sistema en crisis”

Pintos advirtió que el caso Leonelli no es un hecho aislado, sino parte de una degradación institucional más profunda. “No se puede naturalizar que los jueces compartan negocios, que encubran pruebas, que reciban alertas y las ignoren, o que voten causas de sus socios. No estamos ante una manzana podrida: estamos ante una estructura judicial que, en algunos sectores, ha perdido la brújula ética”.

Finalmente, exigió una reacción firme del Ministerio Público Fiscal. “Los fiscales deben estar a la altura. Tienen que apelar la resolución de Cámara, pedir los sumarios que correspondan y garantizarle a la sociedad que la justicia fueguina no está secuestrada por sus propios jueces”.

El escándalo sigue creciendo. Mientras tanto, la credibilidad del Poder Judicial de Tierra del Fuego pende de un hilo.